El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por presuntamente haber recibido sobornos en el caso Skanska, la multinacional sueca a cargo de la construcción de gasoductos en el país.
A la vez, el fiscal también le pidió al juez federal Sebastián Casanello la indagatoria de José López, el ex secretario de Obras Públicas detenido por haber sido encontrado con bolsos que contenían casi nueve millones de dólares en la puerta de un convento de General Rodríguez.
Para la Fiscalía, De Vido y López podrían haber sido destinatarios de «comisiones indebidas», por lo que los responsabilizó de ser «parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional».
Además, Stornelli acusó a ambos ex funcionarios (De Vido actualmente es diputado) por el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», al haber favorecido a la constructora Skanska, elegida para la realización de gasoductos en el norte y sur del país.
Según la Fiscalía, existió una «gran y compleja organización delictual integrada por funcionarios públicos y particulares».
La causa iniciada en los primeros años del kirchnerismo y que marcó judicialmente la primera etapa de ese gobierno, había sido archivada al ser sobreseídos todos los implicados, pero un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación tomó como válida una prueba clave.
Se trata de una grabación en la que un gerente de Skanska confesaba el pago de sobornos, es una conversación entre Javier Azcárate quien le hizo el reconocimiento al auditor interno Claudio Corizzo que se había pagado sobornos a Enargas y a Nación Fideicomisos.
En los primeros años de la investigación, que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide, habían sido procesados el expresidente del Enargas, Fulvio Madaro; el expresidente de Nación Fideicomisos,
Néstor Ulloa; y el exsecretario de Energía, Daniel Cameron.
Pero los procesamientos fueron revocados luego por la Sala I de la la Cámara Federal porteña.
Semanas atrás, el fiscal Stornelli había pedido a Casanello que anulara esos sobreseimientos dictados por la Cámara Federal con el argumento de que era un caso de «cosa juzgada írrita».
