El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, fue sobreseído en la causa en la que se lo había acusado de integrar una «plataforma facilitadora» para evadir impuestos, en el marco de una investigación sobre miles de cuentas de argentinos manejadas por el banco HSBC.
«Fin de la pesadilla y de la falsa denuncia: la jueza Straccia dictó mi sobreseimiento en la causa N° 1652/2014 (2195) caratulada HSBC Bank Argentina SA y otros sobre infracción Ley 24.769 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal N°11, Secretaría 21», señaló el funcionario.
Prat Gay escribió una extensa carta en su perfil de Facebook, donde explicó por qué esa causa fue, a su criterio, «una persecución armada por funcionarios, legisladores y periodistas kirchneristas».
«Mientras ellos lanzaban contra mí falsas acusaciones en todos los formatos posibles de comunicación, yo concentré mi energía en demostrar mi inocencia y, al mismo tiempo, probar la culpa de quienes me injuriaron, en el lugar en el que hay que hacerlo: en la Justicia», comentó el ministro.
Y recordó que a fines de noviembre de 2014, el entonces jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, «se atrevió a acusarme de formar parte de una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales facilitando estructuras que permiten ocultar la verdadera identidad del/los titulares de fondos depositados en Suiza y, en consecuencia posibilitar la evasión de impuestos en el país».
«Lo que él llamó evidencia para semejante acusación era esto: un documento proveniente de la agencia tributaria francesa en el que personalmente aparecía como apoderado de una cuenta a nombre de la Sra. Amalia Lacroze de Fortabat en HSBC, en Ginebra», añadió. Y aclaró que «tan sólo se trataba de una cuenta a nombre de una persona física, con un poder de administración limitado a nombre de una persona física. Tampoco se trataba de una novedad para la AFIP mi vínculo con la Sra. Fortabat, pues lo conocía muy bien como consecuencia de numerosas inspecciones a ambos, desde 2005 en adelante».
Prat Gay indicó también que «como la denuncia, y la supuesta evidencia respaldatoria, eran en sí contradictorias, Echegaray y su AFIP inventaron entonces que la cuenta de Amalita no estaba declarada. Conseguían así desplegar un manto de duda sobre dos nombres mediáticamente atractivos para darle mayor impacto político a la denuncia que abarcaba a 4040 personas». «Pero la AFIP sabía perfectamente que la cuenta estaba declarada. Para cerciorarse, tan solo debían constatar que los cinco activos que figuraban en dicha cuenta formaban parte de las decenas de activos financieros que aparecen en la declaración jurada de Amalita», enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.
Asimismo, abundó: «La AFIP obtuvo de la agencia fiscal francesa información que ya conocía (que yo era apoderado de una cuenta declarada de Amalita Fortabat) y transformó esa información ya conocida en supuesta evidencia de una plataforma facilitadora para la evasión con el único objetivo de ensuciarme a mí, un político opositor al kirchnerismo, y a Amalita, una figura pública».
«La persecución, las mentiras y las extorsiones de Echegaray no se agotaron en la falsa denuncia. En los meses subsiguientes me acusó, por momentos, de ser el titular y no ya el apoderado de la cuenta de Amalita, para evitar que el fiscal me excluyera de la causa (como apoderado no me cabía ninguna responsabilidad fiscal)», resaltó.
El ministro aseguró que «el daño que le hizo a mi buen nombre y reputación esta falsa imputación es inmenso y difícil de estimar. Sin embargo, decidí no accionar contra la AFIP a la que seguramente le hubiera ganado el juicio civil. No quería resarcimiento económico sino moral».
«No pretendía que me pague la AFIP, sino que paguen penalmente las personas que montaron esta denuncia y persecución mafiosa: Ricardo Echegaray, Horacio Justo Curien (Subdirector General de Fiscalización) y Pedro Gustavo Roveda (Subdirector General de Asuntos Jurídicos), quienes firmaron la denuncia y la ratificaron bajo juramento, a sabiendas de las faltas de verdad y autenticidad en que incurrían acerca de mi situación», subrayó.
Y aclaró que «denuncié penalmente a estos tres individuos para que los funcionarios del presente y futuro piensen más de dos veces antes de lanzarse a perseguir desde el Estado, usando ilegítimamente sus herramientas, a quienes piensan distinto al gobierno de turno».