En aquella sesión del 24 de julio que terminó con un roce entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Martín Lousteau, el oficialismo y la oposición votaron por unanimidad la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto por 60 días, es decir casi hasta finales de septiembre. Aunque Juntos por el Cambio logró colar una condición (que haya reuniones de Labor Parlamentaria entre los jefes de los bloques para consensuar los temas a tratar) el reglamento se podría prorrogar incluso sin los votos de la oposición. Es la razón por la que el debate sobre la reforma judicial continuará esta tarde en la Cámara alta de la misma manera que tuvo lugar la semana pasada y a pesar del acuerdo de las principales figuras de la coalición opositora que buscan frenar la discusión en el contexto de pandemia y reclama sesiones presenciales. Distinto es el caso de Diputados, cámara donde ya venció el protocolo y las comisiones de esta semana sólo pueden funcionar de manera informativa y sin chances de dictaminar.
En una reunión por zoom que unió la Costa Azul con Capital, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Mendoza, durante más de dos horas Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau y los jefes de los bloques de diputados y senadores, Mario Negri, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, acordaron unificar criterios y anunciaron que no aceptarán debatir en forma remota el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Hasta anoche ninguno de ellos había notificado oficialmente esta decisión ni a Sergio Massa, presidente de la Cámara, ni a Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, aunque ya les venían alertando sobre las charlas de las últimas semanas. En el Senado esperarán que venza el último acuerdo del 24 de julio para redireccionar la estrategia. Mientras tanto la única herramienta institucional con la que cuentan para ponerle un freno al oficialismo es no habilitar iniciativas que requieran dos tercios de los votos.
La estrategia contra la reforma judicial por ahora sólo se puede aplicar en Diputados donde ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tienen 129 votos, excepto con aliados.
“Quieren garantizar impunidad para la vicepresidenta”, advirtió el titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro en una charla con DTV en la tarde de ayer para expresar su rechazo. Incluso recordó “la embestida” del oficialismo que intenta avanzar en un juicio político contra el procurador interino Eduardo Casal. “Le pedimos que resista, va a contar con el apoyo de Juntos por el Cambio y de la Coalición Cívica”, prometió mientras reiteró que aún en la diversidad hay una posición unánime en la alianza que integra para reclamar sesiones presenciales para proyectos como la reforma judicial o el impuesto extraordinario a la riqueza.
Le respondió por el mismo medio Leopoldo Moreau, radical del Frente de Todos, muy cercano al kirchnerista Instituto Patria. ”Quieren eludir los debates, no han digerido que perdieron la elección”, señaló. Y agregó que “el Congreso está plenamente facultado para funcionar en forma remota” y que “no hay ningún otro bloque que no sea el de Juntos por el Cambio que no quiera funcionar”. Anticipó entonces que el oficialismo buscará conformar quórum y mayoría con apoyo de otras fuerzas políticas que representan al peronismo disidente, a los gobernadores y a la izquierda.
Las próximas dos semanas serían determinantes. En Gobierno hay tranquilidad respecto a que el tándem Massa-Kirchner logrará destrabar el freno opositor, o sumará otros aliados, mientras Juntos por el Cambio resiste, busca un freno y sólo aceptaría analizar un debate remoto en caso de alguna urgencia vinculada con la gobernabilidad, pero no la reforma judicial “porque no es un tema prioritario”.
En el Senado, en cambio, esta tarde habrá reunión del bloque del PRO en la que está previsto que Schiavoni cuente los pormenores del zoom de la mesa partidaria que se realizó ayer. La UCR aún no tuvo reunión. Antes, desde las 14, los legisladores de Juntos por el Cambio participarán del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Legislación Penal. En la previa volvió a haber conversaciones entre la presidenta de la comisión cabecera, María de los Angeles Sacnun, y el jefe del interbloque opositor, Naidenoff.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado (PRO), vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, presentó una nota para salvar un error y sumar un nombre que habían olvidado en la lista de expositores propuestos por la coalición. El especialista fue aceptado. Se trata de Carlos Balbín, académico, juez y ex Procurador del Tesoro. Aunque Rodríguez Machado acompañó la carta con un CV, es bien conocido: en el año 2016 dictaminó que Cristina Fernández de Kirchner no podía cobrar dos pensiones, una como ex presidenta y otra como viuda de un ex jefe de Estado, mientras que en el 2017 fue obligado a renunciar justo cuando acababa de firmar un dictamen en contra de Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino.
Balbín, como otros expositores de peso, entre ellos el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, participarán de las próximas audiencias. Por segunda vez se postergó la exposición del abogado amigo de Cristina Fernández y ex juez. Tal vez se los convoque el jueves, que en los planes originales era el último día de disertaciones.
Esta tarde se invertirán las proporciones: participarán siete figuras propuestas por el Frente de Todos y tres por la oposición mientras que el jueves pasado fueron dos del oficialismo y cinco de Juntos por el Cambio. Hoy la lista está encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres, Género y Diversidad; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los doce que integran el Consejo Asesor que evaluará a pedido del Presidente el futuro de la Corte Suprema; Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; Paulta Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky; Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados y referente de la agrupación Gente de Derecho; y dos fiscalas (así figuran en femenino en la invitación): Mónica Cuñarro, fiscal penal, y Gabriela Baigún fiscal federal de Comodoro Py que planteó que “la libertad bajo el proceso no es igual a impunidad”, cuando hace un año dictaminó a favor de la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D’Elía.
Por la oposición participarán Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y Fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires; Alejandro Fargosi, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1978 y ex consejero de la Magistratura y Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
En la primera reunión, la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo defendió la iniciativa y junto a varios senadores como José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, presidente y vice del bloque, y como luego hicieran Sacnun y Parrilli, intentaron mostrarse abiertos a introducir cambios. Lo hizo también ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aunque hay un debate interno en el oficialismo: por qué introducir modificaciones si la oposición ya anticipa que votará en contra o ni siquiera se sentará en Diputados para habilitar el debate, al menos en forma remota.
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