Oscar Parrilli cruzó a Andrés Gil Domínguez durante las exposiciones en el plenario de comisiones del Senado por la reforma judicial. El senador del Frente de Todos impulsa cambios en el proyecto como la inclusión las «presiones mediáticas» y cuestionó al abogado constitucionalista por resistir esta modificación, que apunta a condicionar al periodismo.
Gil Domínguez integra el Consejo Consultivo que asesorará al Gobierno sobre los cambios que se deberían hacer en la Justicia. Consideró «potencialmente negativo el intento de incluir la facultad de los jueces para denunciar a los poderes mediáticos como grupos de presión porque esto es contrario a la regulación de la libertad de expresión de nuestra Constitución».
Explicó que esta propuesta también va en contra de «el tratado sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de la tutela y la protección de este derecho». El senador le preguntó al abogado si cree que «no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios, jueces y magistrados». Además acusó a periodistas de «instar a a la ciudadanía a abuchear e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo, independientemente de cuál fuera» y le consultó que pensaba al respecto.
Gil Domínguez citó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determinó que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión». Explicó que «hay una garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información». Dijo que este derecho «puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores, que la llevarán adelante aquellos que se vean afectados, pero la jurisprudencia de la CIDH ha restringido en mucho la utilización de la combinación penal cuando aquellas cuestiones que se debatan y se discutan sean de interés o de relevancia pública».
sostuvo que «desde el punto de vista de la tutela o la protección, se trata de garantizar que no exista ningún tipo de censura directa o indirecta por ningún tipo de medios y que el mecanismo de pensar y de expresarse esté plenamente garantizado».
El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) planteó que hubo periodistas que «denostaron, desacreditaron, difamaron e incluso incitaron a la ciudadanía a escraches a maltratarlos en la vía pública con los hijos». Le preguntó a Gil Domínguez «qué piensa de esa actitud o si entiende que está bien que el medio no le ponga ningún límite» y si cree «que es una actitud democrática, plural, que respeta los derechos humanos».
El abogado le respondió que «en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho existe todo el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores, y así lo estableció la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de principios de este año».
Aclaró que «lo que hay que evitar es toda forma que pueda implicar alguna forma de censura previa directa o indirecta» y explicó que «las responsabilidades ulteriores están y en la medida que se afecte el honor están abiertas y protegidas por la Convención Americana».
El abogado constitucionalista ya había planteado su rechazo a la propuesta de Parrilli en una columna en Clarín, en la que advirtió que la iniciativa «contraviene la tutela deparada por la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos a la libertad de pensamiento, expresión e información».
El planteo de Parrilli a la reforma judicial
El senador K, que suele ser vocero de los planes de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hizo la propuesta la semana pasada durante el tratamiento de la reforma judicial en plenario de comisiones del Senado, en el que la ministra de Justicia Marcela Losardo expuso por videoconferencia.
Parrilli consideró que debería haber cambios en el proyecto para obligar a los jueces a denunciar supuestas presiones de parte de los medios de comunicación, en el caso de que se sientan condicionados por la prensa. Dijo que vio «algunas luces amarillas» y se refirió a dos incisos del artículo 70.
Primero habló del inciso «E», que establece que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura «cualquier intento de influencia en sus decisiones y solicitar las medidas necesarias para su resguardo».
Dijo que en los últimos años se vieron «cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar y denigrar a funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinada causa». Según él, por eso dijo que en la iniciativa se debe «agregar explícitamente el término ‘mediáticos'».
Luego se refirió al inciso «F», que plantea que los jueces deben «evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones». Indica además que «en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias».
Dijo que teme que el clamor público sea «el de los medios masivos y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, cuando no es de ahí, sino que hay determinados intereses económicos que usan los medios para presionar a los jueces».
Consideró que a la hora de nombrar funcionarios judiciales se deben buscar «hombres probos, honestos, capaces y que no sean presionables o extorsionados, ni que se sometan a ningún poder político o económico de ninguna naturaleza».
Sostuvo que la Justicia debe garantizar «la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso, la defensa de un juicio y también que las personas no sean juzgadas por un solo juez, sino que lo hagan varios jueces».
Con críticas al expresidente Mauricio Macri opinó que «durante los últimos cuatro años, al menos, y seguramente mucho antes en la Justicia argentina, estos hechos no ocurrieron para muchos argentinos».
El plan de Zaffaroni contra la prensa
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, cercano al kirchnerismo, también criticó con dureza a la prensa. Dijo que por la crisis económica que genera el coronavirus «además de los delitos van a recrudecer los comunicadores sociales, los deformadores de opinión, todos esos bestias que aparecen instigando a la venganza», al hablar en una videoconferencia organizada por la agrupación «Populismo K».
Zaffaroni consideró que «es inevitable que suban los delitos contra la propiedad» y se pronunció en línea con la ministra de Seguridad Sabina Frederic, que dijo que «no son muchos los robos» que se producen y que son los medios los que «los hacen visibles».
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