El dictamen de Reforma Judicial aprobado este jueves en Comisión y que será tratado la semana próxima en el recinto de la Cámara Alta incluyó una polémica modificación en uno de sus artículos, para incluir a los medios entre los supuestos poderes que pueden ejercer presión sobre los jueces y que deben ser denunciados.
Así lo confirmó a TN el senador oficialista Oscar Parrilli, impulsor de esa incorporación que recibió un rechazo por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
El dictamen de Comisión incorporó un nuevo inciso al artículo 72 del proyecto. Se trata del inciso E, que en su versión original era el artículo 70, que obliga a «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo».
A esta lista de grupos de poder, el dictamen le incluyó la palabra «mediáticos«.
La realidad es que existe presión mediática sobre jueces, magistrados, fiscales; periodistas que llaman a meter preso a personas; periodistas que condenan y que amenazan a los jueces, que amenazan a sus hijos, eso deberían denunciar», argumentó Parrilli sobre la incorporación de ese inciso.
En el mismo sentido, sostuvo que los jueces deben resolver «solamente con las pruebas y con los elementos de juicio y sobre la base de la ley y no sobre la base de la presión mediática o política o económica o lo que fuera». «Cualquier tema que se aparte del derecho, de la ley, de las pruebas, es repudiable«, aseveró.
ADEPA advirtió sobre «el riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país».
Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial», alertó la entidad
Para ADEPA, «establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía».
Más allá de las quejas del periodismo, el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma y, contrareloj, ajusta los números en Diputados. «El jueves que viene vamos a sesionar y lo vamos a aprobar«, anticipó Parrilli
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