El mapa de los 73 juzgados federales creados por la reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado muestra otra vez la misma foto: el gobierno priorizó a los intendentes y gobernadores de su color político. De los 73 juzgados de primera instancia (la nómina inicial era de 94), apenas 21 tendrían su sede en distritos que no están gobernados por el peronismo. En ese listado aparecen las provincias con gobernadores radicales (Corrientes, Jujuy y Mendoza), tres ciudades de la provincia de Buenos Aires y cuatro de Santa Fe. Representa apenas un 20 por ciento del total. Los números casi no se modifican si se tiene en cuenta las 13 cámaras nuevas (solo 4 para distritos opositores) y los dos tribunales orales en el interior del país. Son 118 jueces nuevos y apenas 33 para distritos no peronistas.
La provincia más beneficiada con el reparto fue Buenos Aires, con 19 nuevos juzgados. Algunos distritos, como Tigre (2), Pilar o Tapiales, entraron por la ventana: fueron anunciados apenas unos minutos antes la votación en la Cámara Alta. De ese total, apenas cuatro corresponden a intendencias no peronistas: 2 en La Plata, 1 en Junín, y 1 en Bahía Blanca.
En la capital bonaerense ya funcionan dos juzgados federales con competencia penal y no había ningún pedido por parte del intendente Julio Garro para sumar nuevos juzgados, pudo saber Infobae. “No hay ninguna necesidad de crear juzgados por el volumen de causas, todo lo contrario”, confirmó una fuente de la justicia federal platense.
La segunda provincia con mayor cantidad de juzgados federales nuevos es Santa Fe. De los 8 juzgados, apenas 2 quedaron en intendencias peronistas como Reconquista y Rafaela. El resto fueron a intendencias gobernadas por el Frente Cívico y Social: Rosario (2), Santa Fe (2), San Lorenzo y Venado Tuerto.
En las provincias gobernadas por el radicalismo, Jujuy recibió tres juzgados federales, Corrientes otros cinco (2 de ellos recayeron en intendencias gobernadas por el PJ), y Mendoza otros tres juzgados (1 en San Rafael, con intendente peronista). A ese lote de distritos no peronistas se le suma Roque Sáenz Pena, en la provincia de Chaco, y Zapala, en la provincia de Neuquén.
Ayer, el presidente Alberto Fernández se reunió a solas con los tres gobernadores radicales para hablar de la reforma judicial. En la charla, les pidió que los diputados de sus provincias se sienten a dar quórum y que lo ayuden a convencer a los líderes parlamentarios opositores. “Si un gobernador que se dice republicano acepta que sus diputados voten esto se va a arrepentir. El Presidente se arrepintió a tiempo con Vicentin, debería hacer lo mismo y retirar la Reforma Judicial”, dijo anoche el diputado Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, en el programa de Joaquín Morales Solá.
La lista completa de juzgados federales se completó de esta manera: La Pampa (2), Salta (4), Formosa (2), Misiones (5), Córdoba (5), Chubut (2), Santa Cruz (2), Tierra del Fuego (2), Río Negro (3), y el resto de las provincias con 1 juzgado (La Rioja, Tucumán, Entre Ríos, San Luis).
El número total de juzgados arrancó en 94, luego se bajó a 63 con el dictamen de comisión, y a último momento se sumaron 10 juzgados y terminó en 73. Cada sueldo de esos magistrados costaría $456.844, según el presupuesto que mandó el Ministerio de Justicia al plenario de comisiones del Senado.
La reforma judicial también creó 13 salas/cámaras, de tres jueces cada una, que no estaban en el proyecto original: antes de la aprobación se sumaron General Roca, La Rioja, La Pampa y La Matanza. En ese caso, cada sueldo tiene un costo promedio de $ 668.796, siempre según los datos oficiales.
Además de crear otras 4 salas, en el recinto se modificó el artículo 60 para que todas las salas reciban una estructura de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, dejando a Mar del Plata en igualdad de condiciones (no había recibido esa estructura en el dictamen). Toda esa estructura implica la creación de 65 nuevos cargos de magistrados de cámara (incluyendo a fiscales y defensores), 156 funcionarios y 169 empleados.
Hay un caso paradigmático: la Cámara Federal en Comandante Luis Piedra Buena, un pueblo recóndito de la provincia de Santa Cruz conocido por su dinastía kirchnerista y un parque temático infantil denominado “Dante Quinterno”, en homenaje al dibujante que creó el personaje de Patoruzú.
Según el censo de 2010, ese pueblo tiene apenas 6.000 habitantes y no tiene buena conectividad: está a 231 km de Río Gallegos y 467 km de Caleta Olivia.
Si avanza la reforma en Diputados, esa Cámara será el tribunal de alzada de los juzgados federales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Grande y Ushuaia, más los de Río Turbio y Perito Moreno que se crean ahora. En resumen: tendrá el control de todas las causas federales que tramiten en la provincia de los Kirchner.
De las 13 cámaras, solo 4 fueron para distritos no peronistas: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Jujuy. Son 12 jueces más para el conteo final.
Finalmente, la reforma sumó dos tribunales orales federales a la estructura de las provincias. Los dos en distritos peronistas: Resistencia (Chaco) y Paso de los Libres (Corrientes). “Como ya tenían Cámaras en esas provincias, les dieron tribunales orales”, advirtió un dirigente de la oposición.
Desde que ingresó al Senado, la reforma se transformó en un festival de cargos en el interior del país. Arrancó con menos de 300 y terminó en más de 1700, sumando magistrado, fiscales, defensores y empleados, según los últimos cálculos que hizo la oposición. El presupuesto necesario para implementarla, ahora aumentó a más de $10.000 millones anuales, más de lo que se está destinando para luchar contra la inseguridad en el Conurbano.
Sin embargo, en los tribunales de primera instancia se redujeron los cargos. La iniciativa original que había enviado el Ejecutivo contemplaba 94 jueces federales, 85 fiscales y 23 defensores. Ahora, quedó en 73 jueces, 92 fiscales y 53 defensores. Según un relevamiento de Infobae, apenas 16 de los 92 fiscales aterrizarían en distritos no peronistas como Bahía Blanca, Esquel, San Salvador de Jujuy, Neuquén o San Lorenzo.
En la Ciudad de Buenos Aires, la estructura sigue inalterable tal como estaba prevista en el proyecto original: un total de 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores).
A eso se le sumará el traspaso de las competencias penales. Aunque el Poder Ejecutivo debería traspasar los “recursos” de esa justicia, en la Ciudad saben que eso no ocurrirá. Tal como adelantó Infobae, hasta hace una semana se negociaba una suerte de “compensación”. “La plata no va a estar, la propuesta es que paguemos el traspaso y suspender el descuento de la coparticipación”, confirmó a Infobae una alta fuente de la Ciudad antes que comenzaran los cruces entre ambos distritos.
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