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Quiénes son la jueza y la fiscal que liberaron a un motochorro colombiano luego de pagar 700 pesos

El martes de la semana pasada, una joven de 18 años fue asaltada por un motochorro que le robó su teléfono celular cuando esperaba para cruzar el semáforo en avenida La Plata al 100, en Almagro. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad, que se encontraban recorriendo el barrio, fueron alertados por la víctima y otros testigos del robo e iniciaron una persecución que duró poco: a las pocas cuadras, el conductor de la moto hizo una mala maniobra y chocó contra un auto; al inspeccionarlo, los policías encontraron el celular robado entre su ropa.

El ladrón fue identificado como Jair Stevens Jurado Mora, de 24 años. Es de nacionalidad colombiana, llegó al país hace tres meses, aún no tramitó su residencia y cuenta con antecedentes penales: fue condenado en 2011 por “hurto calificado agravado”; en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar; y en 2017 lo sentenciaron por tráfico de armas en su país.

Por orden de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Dora Olivieri, fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Vecinal 5A e imputado por “tentativa de robo arrebato modalidad motochorro”. Al día siguiente, el Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, inició la causa contra Jurado Mora por “robo en grado de tentativa” y le concedió una “probation” tras el pago de 700 pesos.

Jurado Mora recuperó su libertad 48 horas después. La Justicia le impuso cumplir como condición “abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas“, regularizar su situación en Migraciones y aceptar ese pago de 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima.

El motochorro colombiano al momento de ser detenido

El motochorro colombiano al momento de ser detenido

La jueza Patricia Susana Guichandut fue nominada para ocupar su cargo al frente del juzgado nacional en lo correccional Nº13 de la Capital Federal en 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, el actual miembro de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

Entre otras causas tuvo a su cargo el desalojo del asentamiento en el circuito KDT, y encabezó el tribunal unipersonal en el juicio contra Luis D’Elía por el delito de “lesiones en riña” contra el ruralista e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Alejandro Gahan, en marzo de 2008. El dirigente social fue condenado a cuatro días de prisión, pero en esa oportunidad no fue a la cárcel.

También estuvo al frente de la investigación del crimen de un automovilista en un peaje de la autopista Illia a manos de un cabo de la prefectura.

La fiscal Dora Nancy Olivieri, en tanto, fue designada en abril de 2018 por el entonces procurador Eduardo Casal al frente de la Fiscalía Nacional N°54 en lo Criminal y Correccional. Entre otros casos, llevó la investigación a raíz de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin

CUESTIONAMIENTOS

Consultado por Infobae, el abogado Alejandro Fargosi afirmó que los delincuentes de otras nacionalidades llegan al país “por la blandura de los jueces”. “Se convierte al tema de la seguridad en una cuestión económica, hay jueces que con la misma ley podrían condenarlos pero eximen al delincuente”, amplió.

Diana Cohen Agrest, filósofa e investigadora -cuyo hijo fue asesinado al intentar defender a un amigo de un robo en Caballito – también se refirió a esta situación en las redes. “Con los resarcimientos dinerarios, se está aplicando el Código Penal no sancionado. Es la prueba del futuro que nos espera: delincuentes con prontuario en la calle por el valor de 2 pizzas”, señaló.

 

Por otro lado, y también consultado por este medio, el ex juez Eduardo Geromeafirmó: “Si se trata de un extranjero que no tiene arraigo, que no tiene medios de vida, que se sabe que vino a delinquir, porque tenía antecedentes en Colombia, y a los tres meses de llegar está delinquiendo, no puede tener beneficios; los jueces no le pueden dar beneficios porque están actuando en contra de los intereses de la sociedad”.

“No creo que estén dadas las condiciones para otorgarle la probation ni para dejarlo en libertad porque es un individuo peligroso, no hay que hacer una aplicación de la ley automatizada”, amplió.

 

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