Qué hacer con las Fuerzas Armadas: un debate que llega tarde y promete ruido

Según publica Infobae, la pregunta vale porque lo insinuado de arranque sería la confirmación del particular modo de reaccionar de la política en el día a día. El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas tiene décadas de atraso y ahora, en velocidad, se verá antes que nada si supera el puro ruido.

Como antecedente, entre la escasez de propuestas de fondo y los dilatados lapsos de desinterés, se anotan algunos espasmos. El último -frente a la tragedia del submarino ARA San Juan- pareció circunscribir todo a la cuestión presupuestaria. En otras palabras, la discusión era –y sigue siendo para algunos- si es mucha o poca plata la que el Estado destina a ese rubro, antes de resolver qué hacer con las Fuerzas Armadas o, mejor, qué Fuerzas Armadas necesitaría el país, afirmada la democracia y en el mundo de este siglo.

El primer riesgo que insinúa la discusión en el Congreso es que se mezclen un poco dos cuestiones: la pertinencia o solidez del decreto firmado por Mauricio Macri y el asunto de fondo, es decir, el objetivo y las características de la reforma militar. Habrá que ver si la discusión recorre sólo la superficie o va al núcleo del problema.

La convocatoria a la sesión especial –que deberá reunir quórum y por ahora no ha exigido una posición acabada de los bloques oficialistas- expone de hecho diferencias y no sólo de matices en el entramado peronista: desde la ofensiva para derogar la disposición de Macri, motorizada por el kirchnerismo, hasta proyectos de declaración o resolución para expresar rechazo al decreto, además de una revivida propuesta para modificar la ley de Defensa, con sello massista, y una propuesta propia del PJ identificado con los gobernadores.

Precisamente, el massismo y el bloque del PJ federal movieron primero en la solicitud de sesión especial. Intentaron de entrada también no quedar atrapados en la lógica dura del kirchnerismo, que parece decidido a congelar un cuadro formal que luego alteró en la práctica, con grises y algunas profundidades más oscuras.

En la línea del PJ y aliados trabajaron Graciela Camaño, Pablo Kosiner y Diego Bossio. Y en la velocidad, se impulsó como fecha inicial el 8 de agosto. Ayer mismo, el error era subsanado: ese día todas las miradas y la tensión política estarán concentradas en el Senado, que tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

El kirchnerismo y otras fuerzas ya dejaron saber que asistirán a la cita, para sumar los 129 diputados que reclama el quórum. No está claro si el oficialismo volverá a optar por sentarse sin vueltas para dar la discusión que, se ha dicho, tendría una entrega previa el miércoles próximo con la visita de Peña.

Fuentes del oficialismo –y también, con cuidadosa reserva del peronismo- dicen que el decreto en sí mismo no ofrece flancos, aunque por supuesto y como muchas cosas desde hace rato, todo puede ser judicializado. No se trata, destacan, de un Decreto de Necesidad y Urgencia, sino de un decreto reglamentario que cambia el criterio de otro anterior.

Hay que recordar el antecedente para entender la partida. Raúl Alfonsín impulsó una ley de Defensa que marcaba un cambio profundo, parte del esfuerzo para desarmar el aparato represivo después de la dictadura y base legal para desmontar la doctrina de seguridad nacional impuesta en la Guerra Fría. Eso, en el marco más amplio de difícil cambio de aire que incluyó el juicio a las Juntas Militares.

Néstor Kirchner, con impulso formal de Nilda Garré, estableció un decreto que achicó de hecho el concepto de la función de los militares, ya corridos de la seguridad interna, de hecho y de derecho. Linealmente, ese decreto limitaba su actuación a casos de agresiones externas de Estados.

Aquella fue una letra incumplida en la práctica con el armado del operativo Escudo Norte, en 2011, que ordenó a las Fuerzas Armadas tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad en el «combate» al narcotráfico. Después sobrevinieron otras dos decisiones ya no pragmáticas, si se quiere, sino francamente inquietantes, ideológicas: la coronación del general César Milani y el ensayo de sumar los militares al «proyecto nacional», es decir a la política desde el círculo de poder, algo que había quedado fuera de juego no sin momentos dramáticos en la gestión de Alfonsín y el primer tramo de Carlos Menem, más allá de diferencias, polémicas y hechos cuestionables.

Como se ve, un decreto en sí mismo está lejos de saldar el tema. La cuestión es política y más amplia. Y difícil de cerrar con maquillaje restringido a la seguridad interior y posibles represiones, utilizadas como fantasmas que hay reanimar para sumar una consigna. Tampoco, como único eje del debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas, entendido en su sentido amplio y asociado a otras definiciones estratégicas sobre el modo de entender la soberanía en todas sus dimensiones, no sólo militar.

Algunas cuestiones, no sólo retóricas, asoman claras. El kirchnerismo pretende encabezar la disputa y anotarlo como un nuevo costo para el Gobierno. Claro, que no se trata del cambio del ajuste para las jubilaciones. Ni siquiera de tarifas. Legisladores muy obsesivos con las encuestas dicen que ya se hicieron mediciones para asomarse al impacto del decreto presidencial y que no generaría resistencias, sino más bien cierto respaldo –por asociarlo a la lucha contra el narcotráfico- y desconocimiento.

Pero al margen de esas cuentas, y colocado en afirmar una línea crítica del Gobierno pero diferenciada del kirchnerismo, el peronismo federal y el massismo legislativo buscarán presentar el rechazo a la medida de Macri, pero expresando voluntad a conversar un temario de modificaciones que al menos en los títulos no desentona con el enunciado del oficialismo y sí desafina con el kirchnerismo, en materia de funciones específicas de las Fuerzas Armadas y su preparación frente a hipotéticas agresiones externas.
El oficialismo por ahora se planta en la defensa del decreto y por supuesto en la renovada crítica a las posiciones kirchneristas. No preocupa esa tribuna. En cambio, parece diferente la alternativa de un debate racional.

Ese es el terreno que podría resultar más afectado si sólo vienen días de ruido. El Congreso ofrecerá las primeras respuestas la semana que viene.