La justicia federal de Campana procesó con prisión preventiva al histórico líder del Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) Herme Juárez y le trabó un embargo por $ 500 millones. Juárez, que maneja el gremio desde hace décadas, es investigado como organizador de una asociación ilícita, además de los delitos de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.
Juárez y su hijo Oscar son los únicos que seguirán detenidos. También fueron procesados aunque quedaron en libertad Daniel Badía, los hermanos Damián y Pablo Bunello; Hernán López y Ramón Jerez. En tanto que a Iván Juárez -hermano del sindicalista- Rubén Tévez y a José Gómez les dictaron la falta de mérito.
El sindicalista fue detenido el jueves pasado en su mansión en San Lorenzo, Santa Fe, por una causa en la que está imputado por la presunta conformación de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas y malversar fondos públicos y privados. Los investigadores creen que generó su riqueza a través de extorsiones a empresarios y que lavaba el dinero a través de una de las más grandes acopiadoras de cereales, indicaron fuentes del caso a TN.com.ar.
Entre las medidas dispuestas a partir de la investigación, el Banco Central (BCRA) ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación, con montos que ascenderían a más de U$S100 millones.
En los procedimientos secuestraron U$S248.000 y $1.200.000, además de una gran cantidad de joyas de diseño, como anillos, relojes, dijes, gargantillas y piedras preciosas. También decomisaron un revólver antiguo, dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, una pistola marca «MS», una escopeta antigua, un revólver calibre .38 Special y gran cantidad de municiones.
Desde 1969 maneja además la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, por lo que era una figura clave para la operatoria de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. La cooperativa monopoliza la carga de granos en los puertos de esa zona. La Justicia acusa a Juárez -y a los otros acusados en la causa- de estar involucrados en diversas maniobras ilícitas, como el desvío de fondos desde las cooperativas y mutuales a cuentas privadas. Ese dinero se habría destinado a la compra de inmuebles y autos de alta gama.
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