El juez federal Sergio Torres procesó al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona. El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos.
La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.
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La realización de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
Una de las irregularidades halladas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.
También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.
El juez señaló en su procesamiento que «el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento».
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Y agregó que «se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable siendo que, para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sin número de irregularidades de diversa consideración con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado disvalioso aludido».
Junto a Giustozzi también fueron procesados y embargados Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, y Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio de Almirante Brown.
En su fallo, Torres explicó que «(…) el planeamiento del suceso achacado previó aprovecharse de la función que ejercían todos quienes lo pergeñaron y ejecutaron ya que, en su conjunto, encabezaban y dirigían a sendos entes públicos involucrados en el financiamiento y realización del proyecto ‘Sistema Claypole‘. En suma, el universo de partícipes ostentaba todas las funciones de administración, dirección y gestión de los fondos que se asignaron al proyecto. Además, el conjunto concentraba gran parte de las funciones de contralor, siendo que –como ya fue dicho- aquellas otras que se mantenían en cabeza de entes ajenos al grupo, fueron ilegítima e ilegalmente apropiadas por los nombrados, con el único y claro fin de garantizar el desfalco y su ocultación».
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Sobre la actuación de Giustozzi, ex intendente y actual diputado nacional, el juez Torres señaló que «se le asigna el acto –en abril de 2009- de haberle dado inicio a la ejecución del hecho ilícito. Es que en su sustancia se advierten severas irregularidades e ilegitimidades cuya entidad será tratada a lo largo del exordio, pero que, sopesadas con otros particulares, llamativos e ilegítimos obrares administrativos de los involucrados, realizados en el marco de la sustanciación de aquellos expedientes que dicho planteo inició, conllevan a la convicción de que todo resultaba ser una maniobra disvaliosa planificada por quienes aquí serán cautelados, que comenzó a exteriorizarse con esa presentación. Con la misma se pretendía exhibir un dejo de legalidad -que solo era aparente- y mostrar –falsamente- una gestión de obras eficaz y dedicada a atender la problemática de la población. Sin embargo, todo era una falacia ya que en realidad, sabían que lo que irían a hacer no servía para su verdadero cometido, pero sin embargo avanzaron, ya que les permitía publicitar una gestión de apariencia exitosa».
En el procesamiento de más de 160 páginas, al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, se explicó que en el inicio del expediente, allá por 2009, el municipio le asignó prioridad a la realización de la obra debido a que solo el «8% de la población de la localidad de Almirante Brown contaba con servicios cloacales».
Respecto de esa situación, el juez dijo que «en línea con ello necesita resaltarse el especial contexto del que premeditadamente se abusaron los coencausados, cual es, la situación de riesgo sanitario que aquejaba y sigue afectando a la localidad de Claypole. Es que, dicho escenario hizo creíble la urgencia que derivó en la asignación de los fondos públicos nacionales dilapidados por los incusos mediante la maniobra bajo pesquis».
Se determinó en la investigación que «el sistema desvinculado Claypole, en la forma en que fue diseñado y ejecutado, no resulta posible de ser puesto en funcionamiento, y dicha circunstancia era harto conocida por los incusos desde que se lo diseñó. Más ello no les importaba, solo les interesó tener obras en ejecución y decir que eran útiles. En esa línea, desplegaron todas las acciones necesarias a fin de cumplir con su ilegítima realización, valiéndose para ello de irregularidades, falsedades, incumplimientos de mandas legales y otros tantos artilugios que escondieron su ineficacia y permitieron su ejecución».
Por último, el juez Torres determinó que se «dilapidaron $ 4.971.753,92», pero también explicó que hubo otros perjuicios cuando señaló que: «… todo lo dicho perjudicó de manera relevante las arcas del estado, además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma, de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto».
