Fuente Infobae
La ex presidente Cristina Kirchner vuelve a acumular pésimas noticias judiciales. Tal como había anticipado Infobae en estos días, el juez federal Ariel Lijo procesó por lavado de dinero aHéctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, los ex recaudadores del Frente Para la Victoria en el 2007, y a Néstor Lorenzo, Carlos Horacio Torres, Solange Bellone y Gabriel Brito, cuatro de los empresarios que figuraron como aportantes de dicha campaña. Según la resolución, «se ha puesto en circulación en el mercado la suma total de 886.000 pesos de origen ilícito a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud».
Según el juez, los encargados de poner en circulación dichos fondos fueron Lorenzo y Capaccioli, este último Superintendente de Servicios de Salud (SSS) en aquel momento en los papeles y administrador de los aportes de la campaña que consagró por primera vez a Cristina Kirchner. «Aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo, necesitaban de compañías privadas para desarrollar la maniobra ya que no podían realizar donaciones anónimas y además tenían un tope máximo por empresa», asegura Lijo en la resolución.
De acuerdo a la misma, las firmas en cuestión -Multipharma, Seacamp y Global Pharmacy- «entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de estos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo». «Las empresas carecían de fondos suficientes para ello e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de donación».
Entre los argumentos del procesamiento, Lijo relaciona a los imputados con el expediente denominado «la mafia de los medicamentos» y desliza que hay indicios de que los aportes podrían haber provenido, por ejemplo, de carteles de droga mexicanos. En ese sentido rememora al Triple Crimen de General Rodríguez y a empresarios relacionados con el tráfico de efedrina como Luis Marcelo Tarzia e Ibar Esteban Pérez Corradi, apresado esta semana y sindicado por la Justicia de Mercedes como el autor intelectual de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Forza era el marido de Bellone y uno de los dueños de Seacamp, la droguería que aportó 200.000 pesos a la campaña K del 2007. Multipharma, de Lorenzo y Torres, hizo lo propio con 376.000 pesos y Global Pharmacy, de Brito, con 310.000 pesos.
Según el magistrado, la maniobra de lavado de dinero fue coordinada por Capaccioli y Lorenzo, el primero como funcionario y el segundo como empresario farmacéutico y nexo con otras compañías del sector. Gramajo, por su parte, cumplía órdenes de Capaccioli, abunda Lijo, y era el encargado de recepcionar los cheques. De los 12.740.000 pesos de aportes privados que declaró el FPV en la rendición de cuentas del 2007 como contribuciones al binomio integrado por Cristina Kirchner y Julio Cobos, 4.512.000 pesos corresponden a empresas vinculadas a la salud. Hernán Diez, otro de los responsables de dicha campaña que también había sido indagado al igual que el resto de los imputados entre marzo y abril, fue desligado de la maniobra.
Lijo escribió además que las empresas que realizaron los tres aportes irregulares carecían de actividades económicas o comerciales legales, contaban con un incremento patrimonial injustificado u operaciones financieras anómalas, y tenían relación con actividades o grupos relacionados con el tráfico de drogas.
El procesamiento, que impacta directamente en la financiación del kirchnerismo, se da justo en la mañana en la que el Gobierno anunciará el envío al Congreso del proyecto de ley de Reforma Electoral, que impulsa el voto electrónico y modificaciones en el sistema de las primarias pero que no introduce cambios de fondo en el financiamiento de los partidos, uno de los puntos más oscuros del sistema político. La normativa vigente, desfasada, promueve la circulación de dinero negro. De cara, para colmo, a las elecciones del año que viene, cruciales para la suerte de Mauricio Macri en el segundo tramo de su mandato.
