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Por tarifas y la interna piquetera, el Gobierno prevé un aumento de los cortes de calles en las próximas semanas

Superado otro diciembre sensible sin mayores desbordes en la calle, el Gobierno se prepara para un escenario áspero y con riesgo de conflictividad en lo que resta del verano. El costo político en el año electoral para los sectores que fogoneen el conflicto acaso descomprima tensiones, estimaron en la Casa Rosada, aunque el estado de alerta se mantiene al menos hasta marzo por las dificultades económicas y la incertidumbre en cuanto a un eventual repunte, la nueva tanda de aumentos de tarifas y la puja con las organizaciones por los programas sociales.

Mauricio Macri bajó la decisión de no ceder ante el reclamo de los movimientos por mayor cantidad de planes, pese a los indicadores de crecimiento de la pobreza e indigencia que registró el INDEC. “No se van a aumentar, menos a los grupos que reclamen con métodos extorsivos”, dijo a Clarín un alto funcionario, e insistió en que el foco estará puesto en la capacitación de los actuales -unos 400.000 con un salario social complementario de $ 6.000- para promover el paso al trabajo formal, aun en el contexto de deterioro del empleo. Para la Casa Rosada la quita de intermediación de la asistencia con trámites directos implicó un avance y quitó poder a las organizaciones sociales, una línea que mantendrá y buscará exhibir durante la campaña.

El grupo -CTEP, Barrios de Pie y la CCC- que había mantenido negociaciones con la ministra Carolina Stanley durante la primera etapa de la gestión de Macri prepara una movilización frente a Desarrollo Social para el 13 de febrero con sectores del sindicalismo, en la que aspiran a reunir unas 100 mil personas para reclamar por el aumento en el salario complementario, la ampliación del universo de beneficiarios y cuatro proyectos por los que se vienen movilizando hace tiempo: la Emergencia Alimentaria, un porcentaje de fondos (25%) de la obra pública para las cooperativas, Agricultura Familiar y Adicciones. “Se han perdido más de 20 puntos en los programas de contención social y las changas bajaron a la mitad. Hay una situación de emergencia que hay que discutir”, dijo a este diario Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Integrantes del Gabinete y referentes de las organizaciones coincidieron en que las próximas semanas crecerán los focos de conflicto, luego de la relativa calma de diciembre. La prueba superada de fin de año tuvo múltiples motivos, en la mirada del Gobierno. Por un lado, la rápida reacción de Stanley y María Eugenia Vidal en los sectores más vulnerables de Buenos Aires desde que se precipitó la crisis cambiaria con inflación y recesión, con un aumento del 30% en la entrega de alimentos a comedores, merenderos, organizaciones, parroquias y lo mismo con otras provincias, en contacto permanente con los ministros de Desarrollo Social locales. También el crecimiento de Cristina Kirchner en las encuestas entre noviembre y diciembre, lo que según la percepción de la Casa Rosada descomprimió la tensión: “Saben que cualquier instigación a la violencia les resta”, dijo un ministro que adjudicó a ese espacio político el impulso de la conflictividad casi con exclusividad y dio a los sectores de izquierda una influencia marginal. Y, por último, un clima extendido contrario a alimentar desbordes, aun en el cierre de un año de ajuste y dificultades para buena parte de la población: “Angustia y necesidades había y hay, está el riesgo de que alguien encienda una mecha, pero la sociedad argentina en general está más madura”.

Ya sin la mesa de diálogo con las organizaciones, aunque funcionarios de Desarrollo Social mantienen contactos, Stanley habló en diciembre directamente con los referentes luego del entredicho sobre la supuesta exigencia del Gobierno a los dirigentes para que aseguren un diciembre tranquilo. “Nosotros no somos los garantes de la paz social, no pueden cargarles a los movimientos el enojo que hay en la gente”, había dicho Juan Grabois. La ministra les dijo que las palabras se habían malinterpretado, que los desbordes únicamente generarían más pobreza, y el llamado Triunvirato de San Cayetano se comprometió a no promover situaciones de conflicto. La calma fue más allá de fin de año y se extendió durante todo enero.

No esperamos meses tranquilos. Algunos dirigentes sienten que la calle es una vidriera para pelear por lugares en las listas”, adelantó un funcionario de Desarrollo Social, un diagnóstico compartido por el Ministerio de Seguridad. “La situación está complicada, pero en diciembre quedó expuesto que era un armado político y se les fue achicando el espacio de movimiento. Este año es política pura, tanto que en enero se tomaron vacaciones”, evaluaron en la cartera conducida por Patricia Bullrich.

Después del verano y ya más cerca del cierre de listas, las propias elecciones podrían bajar la tensión, según el Gobierno, por el costo político que evitarán afrontar los promotores de las protestas. Siempre y cuando la economía no se desborde. Integrantes de las organizaciones estimaron que funcionarán como una válvula de escape para expresar el malhumor social.

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