Piden la indagatoria de tres ex gobernadores de Santa Cruz por favorecer a Lázaro Báez con obra pública vial

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le pidieron al juez Julián Ercolini que cite a indagatoria a tres ex gobernadores de la provincia de Santa Cruz debido a que según la investigación judicial que llevan adelante, favorecieron a las empresas de Lazaro Baéz que recibieron millonarios contratos de obra pública vial en la tierra de los Kirchner.

Según el extenso dictamen firmado por los fiscales los ex gobernadores Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta formaron parte de una organización que en Santa Cruz replicó lo que describieron cuando acusaron a autoridades del gobierno kirchnerista de armar una matriz para –desde el Poder Ejecutivo Nacional- favorecer a las empresas del amigo de Néstor y Cristina Kirchner.

El pedido de indagatoria de los tres ex gobernadores y de otras más de 20 personas, es una continuidad de la investigación por la que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López entre otros tantos, deberán ir a juicio oral y público por haber favorecido a Báez -también en juicio- con obras viales, algunas de ellas que jamás se terminaron.

Para los fiscales el capítulo santacruceño forma parte de una investigación en la que se había producido «la comprobación de distintos hechos que se habrían desplegado desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado —Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas, etc.— y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa— quienes se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción».

En el dictamen al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales los fiscales señalaron que en la causa «en la que se ha podido corroborar la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por prácticamente 46 mil millones de pesos«.

Pollicita y Mahiques explicaron que «a través del presente dictamen se esclarecerá la responsabilidad penal de aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron —con los aportes específicos por acción y omisión que sus respectivos roles les permitían— al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo; todo ello a sabiendas de los alcances de la maniobra y brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito». Y agregaron «En otras palabras, para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse y extenderse en el tiempo conforme había sido planificada por los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a 2015 contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez».

Para los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la responsabilidad por haber entregado negocios a Báez recayó no solo sobre los ex gobernadores de Santa Cruz sino también sobre ex ministros de Economía y Obras Públicas, sobre funcionarios del área de Vialidad provincial y sobre integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz.

Fue por eso que Pollicita y Mahiques pidieron que Ercolini indague también a Luis Villanueva, Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto Ariel Ivovich, José Carlos Andrés Blassiotto, Edgardo Raúl Valfré—ex ministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz— a Manuel Ángel Díaz, Guillermo Horacio Cantero, Juan Carlos Cerrato, Orlando Taboada, Daniel López Geraldi, Víctor Paniagua, Juan Gelves, Miguel Salazar, Ernesto Morilla, Roberto Lillo, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio González, Carlos Mancilla, Guillermo Torres, Jorge Pasiecznik, Roberto Perazzo, Facundo Muñoz- quienes fueron funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz-, y Angelina Abbona, Carlos Javier Ramos, Gastón Pedelaborde, Alice Quinteros, Mario Roberto Layún, Patricia Álvarez— todos ellos funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz—. También pidió la indagatoria para José Carlos Pistán y Manuel Parras que trabajaron durante la época investigada para empresas del Grupo Báez.

Los fiscales analizaron minuciosamente 51 obras viales financiadas y supervisadas por el estado nacional de las cuales 47 tuvieron como contraparte a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que tuvo a su cargo la licitación, la adjudicación y la inspección del avance de las obras.

«Lo expuesto exhibe-dice el dictamen de los fiscales- que en más del 92% de las obras imputadas la maniobra se instrumentó a partir de la actuación coordinada y planificada entre los funcionarios nacionales —presidente, ministro, secretario, subsecretario, titular de la DNV, gerentes y jefes de distrito de dicha entidad vial—, los funcionarios provinciales —gobernadores, ministros, responsables de AGVP y del Tribunal de Cuentas— y quienes se encontraban del lado privado de la contratación —Lázaro Antonio Báez y los principales directivos y profesionales que colaboraron desde las diversas empresas del conglomerado societario».

Para los fiscales hubo una estructura armada para favorecer a Báez. Se detectaron irregularidades en las licitaciones, en la ejecución de las obras públicas, aumentos de costos y de plazos consentidos, todo ello con la falta de control por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Pollicita y Mahiques resumieron la maniobra: «Como puede advertirse de todo lo expuesto, ha quedado acreditado que era imprescindible la intervención del Gobernador de Santa Cruz para que el Estado Nacional —a través de convenios de la Dirección Nacional de Vialidad— decidiera invertir fondos federales en las obras viales aquí investigadas y, a la vez, era necesaria su contribución y la del Ministro de Economía y Obras Públicas para que pudieran afrontarse los costos iniciales de las obras y para que pudieran abonarse los certificados; todo lo cual era solventado con fondos provinciales que el Gobernador y el Ministro proporcionaban a la AGVP, por la vía ordinaria —ley de presupuesto— o extraordinaria —reasignaciones a través de decretos o resoluciones ministeriales—; a la espera de que, posteriormente, el Estado Nacional los reintegrara parcialmente».

Los fiscales hicieron un cálculo de cuánto dinero cada gobernador y su ministro de Economía y Obras Públicas derivaron para obras viales del Grupo Báez.

Entre abril de 2004 y marzo de 2006, el tándem Acevedo-Villanueva posibilitó que más de 395 millones de fondos provinciales fluyeran hacia obras adjudicadas al Grupo Báez.

El dúo Sancho–Bontempo entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 erogaró algo más de 918 millones de pesos por obras vialesadjudicadas al Grupo Báez.

En tanto el binomio Peralta-Campillo transfirió a las empresas de Báez, más de 561 millones de pesos, entre septiembre de 2007 y fines de 2009.

Todos fondos de una provincia que está en crisis económica.

Fuente Infobae