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Peña salió a defender a Etchevehere

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que no existe un «problema de incompatibilidad» del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en medio de la polémica por el bono de 500 mil pesos que cobró por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que presidía hasta su ingreso al Gobierno.

«Su empleador le liquida su final de sueldo después de varios años de trabajo como en cualquier empleo», dijo Peña, al reiterar los argumentos utilizados por Etchevehere en su defensa. El jefe de ministros consideró en declaraciones a Radio Con Vos que la Sociedad Rural es una entidad «de la sociedad civil que tiene otros controles» y que desde su actual cargo el ministro apuntará a «mejorar la situación» de todo el sector de la agroindustria.

«Etchevehere no tiene que controlar a la Sociedad Rural, es una entidad que civil que tiene otros controles. Lo que tiene que hacer es política agropecuaria para mejorar la situación de los productores agropecuario, generar más alimentos y mayor bienestar general», sostuvo el funcionario. «No vemos ningún problema de incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción fue muy clara en este sentido», insistió Peña, al ser consultado sobre el cobro de un bono de 500 mil pesos por parte de Etchevehere, luego de haber sido nombrado ministro.

En este marco, un abogado presentó una denuncia penal contra el ministro Etchevehere por este caso: se trata de Leonardo Martínez Herrero y es para que se investigue al funcionario por presuntas «dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta». La presentación está en el Juzgado Federal 4, subrogado actualmente por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y el fiscal a cargo será Ramiro González.

En su denuncia, Martínez Herrero solicitó que se secuestre toda la documentación contable y actas donde conste el pago de los 500 mil pesos y también que se constate si el dinero correspondió a una relación laboral y si se aportó la totalidad de las cargas sociales. Antes de que asumiera el cargo, la Oficina Anticorrupción le había dado instrucciones en base a la Ley de Ética Pública para evitar incompatibilidades: le aclaró que debía renunciar a los cargos en la SRA «así como a cualquier cargo remunerado y honorario que allí desempeñe, como condición para el ejercicio de su cargo público».

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