Locales Política

Mirolo le gana la pulseada a los Zamora por la coparticipación

La Suprema Corte de Justicia fallará a favor de la Municipalidad de La Banda a través de un dictamen que pretende lograr el correcto ingreso de los fondos de coparticipación. Es importante remarcar que La Banda hoy percibe fondos, liquidados desde el Ministerio de Economía de Santiago del Estero, menores a las comunas de Termas de Río Hondo, Frías y Loreto.

La Suprema Corte de Justicia fallará a favor de la Municipalidad de La Banda a través de un dictamen que pretende lograr el correcto ingreso de los fondos de coparticipación. Es importante remarcar que La Banda hoy percibe fondos, liquidados desde el Ministerio de Economía de Santiago del Estero, menores a las comunas de Termas de Río Hondo, Frías y Loreto.

La causa que tiene como objetivo, salvaguardar el respeto de la autonomía municipal con la correcta percepción de la coparticipación, fue iniciada por Héctor «Chabay» Ruiz, antes de finalizar su último mandato como intendente, luego fue continuada por el actual alcalde, Pablo Mirolo.

El jefe de gabinete bandeño, Miguel Estefán, fue quien mantuvo incontables reuniones, aunque sin obtener respuestas favorables, con la gobernadora, Claudia Ledesma Abdala, así como también con el ministro de economía capitalino, Atílio Chara. Agotada las instancias del dialogo, el municipio bandeño optó por recurrir a la Corte Suprema, donde por lo general las sentencias favorables a los municipios fueron una constante. Claro ejemplo es el caso de los pedidos de municipios puntanos contra la provincia gobernada por los Rodriguez Saa, San Luis.

El expediente 000599/2016-00 iniciado ante la Corte el pasado 7 de octubre del 2016, estaba en manos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en una clara maniobra dilatoria, hasta que llegó el pedido urgente del máximo tribunal el 17 de octubre del 2016 a fin de que remitiera los autos de referencia a la ciudad de Buenos Aires. Desde allí comenzó el camino expeditivo del pedido de la ciudad de La Banda hasta que en noviembre del 2016 por disposición del Tribunal se corrió vista  a la Procuradora General de la Nación a fin de que emitiera dictamen.

Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, fue quien  emitió una resolución en favor del municipio bandeño, argumentando lo siguiente:

«Subyace en el sub lite una discusión acerca tanto de la efectiva aplicación y vigencia del régimen de coparticipación federal de impuestos como asimismo del derecho que asiste a los municipios de provincia a gozar de la autonomía que nuestro ordenamiento les concede, y que ambos son asuntos de indudable trascendencia institucional, ya que vertebran financiera e institucionalmente la forma federal de Estado que adoptó nuestro país.

El Congreso Nacional ha considerado que resulta esencial al régimen vigente de coparticipación federal de impuestos que los municipios también queden comprendidos en éste, en cuanto a las obligaciones como a los derechos que él importa. Y, con respecto a estos últimos, que ellos deben resultar beneficiarios del reparto de los recursos federales que se asignan a sus respectivas provincias, teniendo éstas la obligación de poner en práctica un sistema de participación y transferencia en dichos fondos, dentro del amplio margen de discrecionalidad que la norma implícitamente concede. Esta circunstancia es la que otorga al municipio actor innegable legitimación para plantear un asunto vinculado con el cumplimiento del régimen de coparticipación frente a la provincia de la que forma parte.

Y, con respecto a la autonomía de los municipios de provincia y la evidente importancia institucional del asunto, la Corte indicó que el límite fundamental para determinar el ámbito de legitimidad de las autonomías de los municipios en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero se encuentra en el principio de razonabilidad contenido en el art. 28 de la Ley Fundamental, en virtud del cual las constituciones provinciales no pueden, bajo la apariencia de reglamentar tal autonomía, transponer los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva de los municipios. Y que si bien lo atinente a imponer un alcance determinado a la autonomía municipal es atribución del constituyente provincial, una vez ejercido ese poder, las autoridades constituidas deben respetar el grado de autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno.

Al respecto, la resolución en crisis importa un rigorismo formal injustificado que no se compadece con un adecuado servicio de justicia, puesto que, al resolver sin más sustanciación un asunto de tal importancia institucional y con los ribetes singulares en juego, no ha examinado de forma equilibrada y adecuada los alcances de la pretensión de la accionante ni las particularidades del planteo propuesto. Ello ocasiona, en definitiva, un claro e injustificado menoscabo a la garantía de la defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional.

Es doctrina de la Corte que el derecho a la defensa en juicio junto con el del debido proceso son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones y que todo aquel a quien la ley reconoce legitimación para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio, si éste existe y tiene fundamento en la Constitución, puesto que ésta concede a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate».

El dictamen agrega puntos de referencia sobre el proceder de la justicia provincial en el inicio del expediente sin resolución en Santiago del Estero al enfatizar: «no se compadece con un adecuado servicio de justicia, puesto que, al resolver sin más sustanciación un asunto de tal importancia institucional y con los ribetes singulares en juego, no ha examinado de forma equilibrada y adecuada los alcances de la pretensión de la accionante ni las particularidades del planteo propuesto. Ello ocasiona, en definitiva, un claro e injustificado menoscabo a la garantía de la defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional».

Es importante mencionar que hoy el expediente está en poder del máximo tribunal de justicia de la nación, por lo cual es muy probable que en un par de meses se expedirá sobre la causa «Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Conflicto de poderes públicos».

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