Más de 40 intendentes quedaron al borde del juicio oral por defraudación al Estado

Buenas y malas noticias para casi un centenar de intendentes del país: la mitad quedó a las puertas de un juicio oral, mientras que la otra mitad fue «desprocesado» y se ordenó profundizar la investigación sobre ellos. Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Por esta investigación hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Pero en febrero pasado, Bonadio procesó a 92 intendentes de todo el país. Dijo que cada uno «con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales».

Los acusados apelaron y hoy la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno. Y al revisar cada situación puntual se confirmó el procesamiento para 44 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito. Entre los procesados están Francisco «Barba» Gutiérrez y Francisco «Paco» Durañona.

A otros tres les quedó firme el procesamiento directamente porque no se presentaron a tiempo a la audiencia de apelación. Uno de ellos fue Mateo Capitanich. Con eso la suma de intendentes procesados se elevó a 47.

Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández

Mientras tanto, la Cámara revocó el procesamiento de otros 42 a quienes se dictó la falta de mérito por entender que no estaban acreditados los delitos. Se determinó que hubo «incumplimientos obligacionales, pero que ameritan una investigación más profunda para poder definir el significado jurídico de dichas infracciones». También dispuso el sobreseimiento de dos intendentes que habían sido procesados (Marcelo Skansi y Pedro Maidana).

La causa. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Luego llego el turno de los intendentes. En un fallo al que accedió Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que «desde un comienzo el eje de la investigación apuntó al empleo del marco legal de los PMGIRSU ( un programa de tratamiento de residuos sólidos urbanos) para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales».

Según se sostuvo, «sobre esa base es que se habían estructurado las imputaciones previas remarcando que funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos».

«Hay supuestos paradigmáticos, como las intendencias de Machagai, Pampa del Infierno y Juan José Castelli», señaló el fallo. Se hizo hincapié en «las implicancias del uso delictivo de los PMGIRSU también tuvieron eco en San Antonio de Areco, donde Francisco Durañona y Vedia debía aplicar 1.666.666 pesos en el saneamiento de un basural». O que «a la intendencia de Quilmes se le transfirieron en abril de 2013 $10.588.780 para desarrollar una planta de separación y clasificación». Pero los jueces evaluaron que no estaban acreditados de la misma manera el caso en todos los imputados analizados.

El fallo confirmó los procesamientos de Gustavo Karasiuk, Angel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios. También para Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy y José Antonio López.

La lista incluyó a Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.