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Macri volverá a licitar 5.300 kilómetros de rutas nacionales

Para el Gobierno de Mauricio Macri, el encarcelamiento de Lázaro Báez permitirá que las obras públicas tengan un manto de honestidad y transparencia. Es por eso que el Estado resolvió volver a licitar la construcción de unos 5.500 kilómetros de rutas nacionales mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), según confirmó el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

En el Salón del Automóvil, el funcionario presentó el Plan Nacional de Transporte e Infraestructura a los directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), en el marco del Salón del Automóvil de Buenos. Las obras anunciadas son parte del Plan nacional de Transporte del Gobierno, a través del cual el Ejecutivo planea construir 2.800 kilómetros de autopistas hasta 2019. De esos, unos 1.300 será construidos este año.

En un comunicado, el ministerio aseguró que «se construirán unos 1.300 km de autopistas con este sistema y cerca de 4.000 de rutas seguras, y decenas de distribuidores y viaductos, invirtiendo $70.000 millones. Entre las rutas que saldrán a licitación figuran la 226, la 3, la 34, la 5, la 7, la 8 y la 9, entre otras». Según la cartera de Transporte, en julio empezarán a analizar los anteproyectos «con especialistas y potenciales interesados«, y «en octubre se harían las licitaciones.

La iniciativa del Gobierno con la ley que reglamentó a fines de febrero de este año apunta a a «desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica«, según el decreto 118 a través del cual se hizo oficial la medida. En ese sentido, la norma sancionada en noviembre del año pasado, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye.

Asimismo, este régimen excluye o limita en forma significativa el poder de modificar unilateralmente el contrato por parte del Estado; la rescisión del acuerdo por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones; y la limitación de la responsabilidad estatal.

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