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Le negaron la aplicación del «2×1» al cura Christian Von Wernich

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó el pedido de libertad condicional solicitado por el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Wernich había solicitado la aplicación del beneficio del 2×1, luego de que la Corte Suprema dictara el fallo que lo permite. Sin embargo, el tribunal platense consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que, durante su vigencia, el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido, según argumentó el juez Juan Pablo Vega.

«La razón principal de ese cómputo especial está directamente asociada con el derecho de todo imputado a no permanecer detenido por un tiempo que no resulte razonable y de ser puesto en libertad si su situación no se resuelve en un lapso determinado”, consignó. Sin embargo, aclaró que en el caso de Von Wernich «la privación de libertad tuvo lugar mucho tiempo después de derogado el cómputo privilegiado”, por lo que no corresponde aplicarla.

En su fallo, Vega aclaró además que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia «sólo deciden en el caso concreto” y explicó que si bien «hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones, ello se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad de los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles”. Sin embargo, sostuvo que «esto no quita a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas».

La defensa de Von Wernich había pedido su libertad condicional teniendo en cuenta que se encuentra detenido desde 11 de julio de 2002, por lo que, a su criterio, el tiempo de encierro preventivo al que fue sometido cumple en exceso el plazo establecido en el artículo 13 del Código Penal.

Von Wernich, confesor del entones jede de la Policía Bonaerense, Ramón Camps fue condenado en el 2007 a «reclusión perpetua e inhabilitación perpetua» para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos «de lesa humanidad» en el marco del «genocidio» producido por la última dictadura militar. La Justicia lo consideró «coautor» y «partícipe necesario» de 31 secuestros, 42 casos de torturas y siete homicidios.

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