Las tres claves del plan que negocia Nicolás Dujovne con el FMI

Dujovne piensa que a partir de esa señal, la tasa de interés (hoy clavada en 40%) descendería gradualmente. Y, a partir de entonces, el dólar podría deslizarse suavemente acompañando la inflación hasta fin de año. Se terminó, según se habló en la mesa chica, la etapa de frenar la inflación con el ancla cambiaria. Están convencidos que no se debe volver al atraso cambiario. Pero además saben que el FMI no desembolsará fondos para defender un dólar barato. El tipo de cambio es la válvula de escape que garantiza que los dólares que ingresen desde Washington no se vayan por la otra ventanilla para el atesoramiento en el colchón y los viajes a Miami.

«Ahora, todos critican el anuncio del 28 de diciembre. Pero eso estuvo perfecto. El pecado original fue fijar metas de inflación incumplibles,y pensar que con la tasa alta y el atraso del dólar nos podíamos acercar. Si el 28 de diciembre fue el germen de la desconfianza, como dicen, ¿por qué una semana después colocamos U$S 9000 millones en el mercado, y nos ofrecieron U$S 30.000 millones?», dice un integrante de la mesa chica. «El problema vino después, cuando el Banco Central planchó 2 meses el dólar, vendiendo reservas, porque tenía que cumplir con las metas», agrega. Asegura que esa no fue un orden política de la Rosada, sino una decisión (equivocada) del Banco Central.

La segunda clave es que «el monto que se acuerde con el Fondo empiece con 3»: pueden ser 30.000 millones, 32.000 o U$S 35.000 millones. Pero para el Gobierno es importante que la cifra empiece con «3». Creen que sería una señal contundente a los inversores financieros de que no hay ningún riesgo en el pago de los vencimientos de la deuda por los próximos dos años y que incluso se podría prescindir de emitir bonos en el mercado si no bajara el riesgo-país.

La tercer clave es que el déficit fiscal que se acuerde empiece con «1, algo»: puede ser 1,1% o 1,5%. Pero para el Gobierno es fundamental que la meta de déficit primario (antes de intereses) sea mayor a 1%. Cada 0,1% son unos U$S 600 millones, o $15.000 millones adicionales a recortar en el presupuesto. En ese tironeo está Dujovne. Cada décima que gane en la negociación serán menos tensiones políticas.

El ministro de Hacienda trasmitió a la mesa chica que es optimista y que cree que conseguirá esos tres objetivos primordiales. Veremos.
Lo cierto es que aún suponiendo que Dujovne lograra cerrar para este año una meta de déficit fiscal operativo del 2,5% (originalmente era de 3,2%, luego anunció que bajaba a 2,7% y ahora se achicaría algo más), y de 1,5% o más para 2019, el Gobierno evalúa una serie de pasos para alcanzar esos objetivos. A diferencia de los anuncios «simpáticos» del recorte de «gastos políticos» (como viáticos o pasajes en business de los funcionarios), que son ejemplificadores pero no redundarán en ahorros significativos, las medidas de ajuste en carpeta tendrían un alto impacto en la economía y la política.

Tarifas, obra pública y transferencia de gastos a las provincias

Se mantendría a rajatabla la recomposición de tarifas para continuar podando la cuenta de subsidios. Ello supone que en agosto debería aplicarse un nuevo aumento a la luz y en octubre al gas. Antes de la devaluación, con los aumentos anunciados para este año, el Presupuesto 2018 preveía que aún quedaran unos $203.000 millones en subsidios: $108.000 millones en energía y el resto en Transporte. Es una de las partidas «flexibles», pero con cada vez mayor costo político. La pregunta es si además del último aumento de colectivos y trenes, que rige desde este primero de junio, si será necesario en el segundo semestre otra ronda de ajustes en el transporte.

Se profundizará el fuerte ajuste en la obra pública: en los primeros 4 meses del año, ronda el 20% en términos nominales (el 45% real). Intendentes de Cambiemos ya se quejaron muy enojados con los ministros correspondientes porque les cortaron fondos de obras que habían sido licitadas, además de suspenderles todos los proyectos. La propia María Eugenia Vidal sufre por estos días el rigor del ajuste. De los $ 40.000 millones que había logrado del Fondo del Conurbano, ya le avisaron de la Casa Rosada que la mayor parte deberá destinarlos a «proyectos llave en mano» que se financiaban con fondos nacionales, y que ahora deberá costearlos la provincia. Así deberá postergar muchas de las obras adicionales que la gobernadora había programado para el conurbano.

El gobierno se plantará en un aumento de los salarios de los funcionarios y empleados públicos nacionales de sólo 12/15%. Así, en los cálculos oficiales, el gasto salarial caería entre 10 y 13 puntos en términos reales.

Se congelarán las transferencias discrecionales –no automáticas—a las provincias (en lo que va del año cayeron -0,4% nominal), para lograr un ajuste real. Esto significa que tampoco habrá «chequera» para la negociación política con los gobernadores.

Finalmente, otra las medidas que generará revuelo será la transferencia de servicios a las provincias (obviamente, sin su correspondiente financiamiento, que quedará como ahorro en las cuentas de Nación). En el listado está desde el Fondo de Incentivo Docente, hasta obras de pavimento urbano que se financiaban en distintos municipios con recursos nacionales y que ahora deberán costear el gobernador o el intendente. Pero también programas específicos del ministerio de Salud, Educación, Interior, Transporte, entre otras áreas.

En el escenario que imaginan en la mesa chica es que el mercado cambiario se estabiliza con el acuerdo con el Fondo y que en el último trimestre la economía estaría creciendo nuevamente. Para eso consideran esencial salir rápido de la trampa de la tasa de interés del 40%. El problema es si no logran domar rápido al dólar y el ajuste fiscal acentúa el bajón de consumo y expectativas a la par de la aceleración de la inflación. Con la creciente conflictividad social que detonarán los recortes como telón de fondo. Por ahora, al optimismo en el Ministerio de Hacienda no lo rozó el ajuste.