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La UIF pidió confirmar el embargo del dinero de Florencia Kirchner

La retención se dispuso sobre los millones hallados en una caja de seguridad y en dos cuentas bancarias de la hija de la ex presidenta

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó en una presentación realizada ante la Cámara Federal porteña, que se debe resolver la apelación planteada por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia Kirchner, al embargo dispuesto el 15 de julio pasado por el juez federal Julián Ercolini.

En su presentación, la UIF fundamentó su planteo al señalar que «amerita cuidar y reintegrar el patrimonio público afectado» en el marco de esta causa, en la que se investigan «maniobras de lavado de activos, de sumas millonarias, en perjuicio del Estado Nacional».

«La cantidad de causas en trámite ante la justicia Federal donde se investiga el entramado conocido como ‘la ruta del dinero K’ dan cuenta de la magnitud de la maniobra, no solo por lo cualitativo, es decir por estructura diseñada para poner en funcionamiento la operatoria, sino también por lo cuantitativo, es decir por las cifras multimillonarias que se desviaron», argumentó la UIF en un escrito al que accedió Télam.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, debe resolver si confirma o revoca la decisión tomada a mediados de julio pasado por el juez federal Ercolini, quien dispuso el embargo de los 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en la casa central del Banco Galicia en el microcentro porteño, y los 1.032.144 dólares y 53.280 pesos que se encontraban en dos cuentas bancarias a nombre de la hija de la ex presidenta.

«En casos como el presente, resulta de total importancia el dictado de medidas cautelares sobre los bienes producto del delito, aún en la etapa procesal que se transita, máxime cuando dicho producto no es ni más ni menos que dinero contante y sonante», aseveró la UIF en el escrito.

Allí, además, el organismo a cargo de Mariano Federici remarcó que, «a esta altura, no puede ponerse en duda, la sospecha existente, con el grado de certeza que esta etapa amerita y aún más, que los ex presidentes pusieron en marcha y dirigieron una estructura encaminada a desviar fondos públicos que debían ser destinados a la obra pública en su propio provecho y el de un selecto grupo de empresarios y funcionarios de segundas líneas».

Además, en el escrito, la UIF expresó su «pleno y total interés en el mantenimiento de las medidas cautelares sobre los bienes, coordinadamente con los parámetros internacionales fijados para prevenir el lavado de activos».

Por otro lado, afirmó que la Justicia centra sus esfuerzos en la investigación de los hechos de corrupción y en «la atribución de las responsabilidades que les corresponden a los funcionarios públicos y particulares implicados esos actos«, pero advirtió que ese enfoque «hace que, en los usos forenses, se posterguen asuntos esenciales, como son el recupero de los activos derivados de aquellos delitos o la reparación de los daños ilícitamente ocasionados».

En este marco, indicó que, en el marco de la causa Hotesur, una demora en el embargo de bienes puede resultar en que «los bienes salgan del patrimonio de sus titulares, máxime tratándose de dinero en efectivo en cajas de seguridad» y que podrían guardar relación con «la compleja trama diseñada para defraudar al Estado Nacional» que se investiga en esta causa.
En el marco de este expediente, la Oficina Anticorrupción también había realizado un pedido en el mismo sentido que ahora la UIF.

Desde la OA consideraron que el embargo es «una medida razonable, oportuna y conducente para asegurar la afectación patrimonial» del dinero en poder de Florencia Kirchner.

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