La Oficina Anticorrupción (OA) pidió al juez federal Ariel Lijo elevar a juicio oral y público la causa Ciccone, en la que está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública el ex vicepresidente Amado Boudou.
Lo hizo en calidad de querellante ante el juez Lijo, quien a su vez aguarda el dictamen fiscal de Jorge Di Lello para elevar a juicio la causa en la que también están involucrados el amigo de Boudou; el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vanderbroele; Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la gráfica; el jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y César Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía.
En la causa, Boudou está acusado de haberse interesado en la adquisición de la ex Ciccone Calcotráfica, por medio de otras personas, para luego realizar negociados con el Estado en lo que hace a la impresión de billetes.
«Se encuentra acreditada la injerencia de Boudou en el cambio de posición de la AFIP en el marco del expediente de la quiebra y su participación directa en el trámite ante dicho organismo de la solicitud de un plan de pagos ilegal efectuada por Ciccone Calcográfica, donde impulsó la aprobación del plan peticionado, que implicaba la quita de multas, intereses y honorarios, lo que resultaba sumamente beneficioso para la calcográfica», indicó el organismo.
El juez Lijo ya declaró clausurada la investigación al estar todas las medidas de prueba agotadas y le pidió al fiscal Di Lello que realice el requerimiento de elevación a juicio oral y público.
Según la investigación realizada, la firma The Old Fund S.A de la mano de Vanderbroele, se hizo del 70 por ciento de las acciones de la exCiccone Calcográfica a partir de presiones a sus antiguos dueños para que cedieran ante la operación comercial.
Mediante un escrito que la OA presentó en el Juzgado, indicó que «los aportes de los denunciantes y testigos, la contribución valiosa del periodismo y la intensa tarea del Ministerio Público y de la Instrucción han permitido reunir una gran cantidad de elementos de prueba que corroboran las circunstancias configurativas de los ilícitos imputados».
«La instrucción se halla completa en relación a los hechos y los imputados y, en consecuencia, corresponde elevar la causa a juicio», indicó el organismo que conduce Laura Alonso y agregó que la prueba reunida «significa un éxito en la difícil investigación de los hechos de corrupción, frecuentemente encubiertos por pactos de silencio y acuerdos de impunidad».
