Destacada Inicial Destacadas Política

“La Nación” se hizo eco del nombramiento de Sebastián Argibay como Juez Federal

Fuente: La Nación

La atención de la opinión pública sobre el desenvolvimiento de la Justicia Federal se concentra casi siempre en los magistrados con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en parte, porque aquí se dan los casos más resonantes, pues es donde radican los tres poderes de la Republica.

La Justicia Federal, fue creada para asegurar la defensa de los derechos individuales de las provincias. Quienes organizan la nación tenían en claro la fragilidad de las instituciones provinciales y la necesidad de proteger de gobernadores con pretensiones o comportamientos caudillescos las libertades y las garantías constitucionales de esos pueblos.

Cuando se restableció la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín, que en su mayor parte, no tenían vinculaciones con su partido. Es más, le ofreció a su contrincante en los comicios, Ítalo Luder, la presidencia del tribunal supremo.

Se seguiría así una tradición iniciada por Bartolomé Mitre cuando tuvo la responsabilidad de integrar la primera composición de ese tribunal, promoviendo la designación de conocidos adversarios políticos. Esta buena costumbre se mantuvo hasta el lamentable juicio político a la corte de 1947, cuya consecuencia fue un organismo adicto al servicio del gobierno del general Perón.

Lamentablemente, no pudo evitar Alfonsín ceder a las pretensiones del presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Vicente Saadi, de nombrar abogados             sin antecedentes adecuados que se destacaran por su idoneidad e independencia. A partir de entonces, los jueces federales de las provincias fueron en su mayoría dirigentes partidarios vinculados con los gobernadores. Así se desvirtuó su rol y, en lugar de proteger a los ciudadanos de las demasías de gobernadores autoritarios, verdaderos señores feudales algunos, como los que imperan en varias provincias del norte del país (además de San Luis y Santa Cruz), son instrumentos para asegurar la impunidad de estos caudillos.

La creación del Consejo de la Magistratura no resulto en un cambio como el que se necesitaba debido a que algunos de los concursos fueron amañados y otros no han sido respetados. El resultado es que algunos jueces, además de su ineptitud y servilismo, han sido protectores de delincuentes como el ex juez federal de Santiago del Estero que protegió a piratas del asfalto, saqueadores de vías férreas o talleres ferroviarios. En Salta, recientemente se encontró a un juez cómplice del narcotráfico, situación que se reitera en otras provincias.

En varias oportunidades nos hemos referido a como no fueron respetados los resultados de los concursos en Santiago del Estero cuando se designaron los actuales jueces y Fiscales Federales. El juez federal de esa provincia  ha sido muy remiso en las causas sobre drogas, pero no dudo en archivar contra el padre de la ex Gobernadora y esposa del actual Gobernador Gerardo Zamora, por cobros indebidos del Pami.

Ante los graves y crecientes problemas que genera el narcotráfico en el norte debido a la extrema frontera con Bolivia, país productor de coca, y de Paraguay, con extenso cultivo de marihuana, el poder Ejecutivo Nacional ha resuelto incrementar el número de jueces federales en las provincias de esa región. Esta decisión abre una esperanza de una mayor eficacia procesal en la lucha contra el narcotráfico, contando con jueces independientes. Sin embargo, la propuesta  de designar al frente del nuevo juzgado federal de Santiago del Estero al actual presidente del Superior Tribunal de esa provincia, Sebastián Argibay, lleva al escepticismo.

El candidato propuesto a consideración del Senado preside un tribunal caracterizado por su servilismo al Ejecutivo provincial, como cuando entre otros fallos declaro inconstitucional la ley que prohibía una segunda reelección consecutiva de Zamora, quien estaba acusado de delitos graves es una causa que investiga el fiscal federal, Carlos Rivolo. No es el único caso; otro miembro del superior tribunal está procesado por sospechas de corrupción cuando se desempeñaba en Fabricaciones Militares.

Esperamos que un asunto de tanta trascendencia institucional  como es la designación de un nuevo Juez federal no sea moneda de canje.

Max Weber escribió sobre el dilema del gobernante entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. En un asunto que hace a la integridad de la justicia y a las libertades y los derechos de los pueblos de las provincias, es inadmisible que una de las monedas de canje sea la designación de un juez federal. En este caso tan importante como delicado, sin duda, debe la ética a los principios.

Agregar Comentario

Clic aquí para Enviar un Comentario

NUESTRO PERFIL DE FACEBOOK

NUESTRA FAN PAGE

TWITTER

CANAL YOUTUBE UH