Locales Política

«La Nación»: Santiago del Estero, nepotismo del peor

FUENTE: LA NACIÓN

En un reciente editorial ponderamos la Constitución de la provincia de Mendoza como «la sabia Constitución mendocina» por prohibir la reelección inmediata de gobernadores y vicegobernadores y estipular que debe mediar un período si se aspira a retornar al gobierno.

Así lo establecían en general en sus orígenes las viejas constituciones provinciales. Cuando después de 1955 volvieron a ser reescritas a fin de reafirmar los principios republicanos consagrados en tiempos de la organización constitucional del país, dejaron cerradas las puertas de la reelección inmediata. Se había aprendido de las graves consecuencias dejadas por la reforma de 1949 de la Constitución nacional. Se la había sancionado con la intención oculta hasta último momento de permitir, sin el intervalo previsto en 1853, un segundo mandato presidencial de seis años del general Juan Perón.

Se ha hecho público, entretanto, que se pretende reformar la Constitución de Santa Fe. Uno de los argumentos para impulsar esa iniciativa es que sólo en esa provincia y en Mendoza no existe la reelección inmediata. Llama la atención esa osadía del Partido Socialista, que triunfó por escasísimo margen de votos en los últimos comicios.

Es notable que una virtud haya sido tildada de defecto por el hecho de que casi todas las provincias han reformado las constituciones para promover la reelección de sus mandatarios. ¿Alguien podría argumentar que eso ha servido para fortalecer en las últimas décadas las instituciones?

Con igual criterio con el que se ha lanzado en Santa Fe aquella proposición, en Europa pudo haberse afirmado, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que había que abolir la democracia británica porque era una de las pocas que subsistían en ese continente, entre tantos arrebatos totalitarios.

La cuestión de las reelecciones provinciales en la Argentina comenzó con la supuesta necesidad de contar con dos períodos consecutivos para concretar una acción gubernativa eficaz. Cuando el período adicional se consagró en nuevas reformas, enseguida los beneficiarios «fueron por todo», según una expresión grata a la ex presidenta Cristina Kirchner. Y así, hasta el sueño de la reelección indefinida, con el que ésta, y seguramente gente como José López, se emocionaba.

Un fenómeno equivalente había ocurrido en Córdoba, en los 90. El gobernador radical Eduardo Angeloz, después de lograr su reelección, planteó que el segundo período debía ser interpretado como el primero de la nueva Constitución. Lógica ensayada para obtener un tercer mandato que, dicho sea de paso, concluyó mal. Esa experiencia nada feliz entusiasmó, sin embargo, como antecedente al presidente Carlos Menem cuando ya iba por la última parte de su segundo período, cuya obtención había sido la razón verdadera de la reforma constitucional de 1994. Si no encontró eco político y judicial para abrir la vía a un tercer mandato consecutivo fue porque en la suma de la situación económica y los escándalos de corrupción se había quedado sin sustentación real para maniobras de esa naturaleza.

La Rioja y Santa Cruz tienen instalada la reelección indefinida. En esta última, la aproximación a lo que es de esencia monárquica la hicieron quienes dejarían más tarde el país, al cabo de 12 años, en la situación pasmosa en la que lo ha encontrado el nuevo gobierno.

En Santiago del Estero, el ex gobernador Zamora logró de un tribunal superior adicto autorización para un tercer período. Fue con el argumento de que «la Constitución era inconstitucional». Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto tan absurda interpretación, pero Zamora se las ingenió para sortear el obstáculo legal que lo afectaba. Hizo elegir candidata a gobernadora a su propia mujer, quien finalmente obtuvo ese cargo.

Ahora, en Corrientes, el gobernador Ricardo Colombi, quien está cumpliendo un tercer mandato, pretende postularse para otro ejercicio más, a pesar de que se lo impide la Constitución provincial. Otra intentona personalista que no debe concretarse.

En la Argentina contemporánea lo que ha predominado, con el pretexto de modernizar los textos constitucionales, ha sido la voluntad de retener el poder por el mayor tiempo posible. Esto es lo contrario de aquello por lo que Juan Bautista Alberdi había abogado: limitación en el tiempo de gobierno a fin de neutralizar los caudillismos con el principio de movilidad, y no de perpetuación, en la más alta función ejecutiva.

En ese contexto, es loable destacar la reciente ley sancionada por la Legislatura bonaerense que pone límite a la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales.

Las cuestiones que sirven de pantalla para plantear reformas institucionales pueden perfectamente debatirse e instrumentarse muchas veces sin los riesgos de su incorporación a los textos constitucionales. Éstos deben ser preservados como freno al avasallamiento de las libertades, los derechos individuales y los principios sin los cuales se degradan los fundamentos de la República.

NUESTRO PERFIL DE FACEBOOK

NUESTRA FAN PAGE

TWITTER

CANAL YOUTUBE UH