FUENTE: TN.COM.AR
Luego de que TN.com.ar publicara una nota sobre el complejo de oficinas gubernamentales de Santiago del Estero conocido como «Torres Gemelas», la constructora a cargo del proyecto intentó dar explicaciones sobre su participación en la megaobra, por la que existe una causa que investiga sobreprecios.
Panedile S.A., adjudicataria de la licitación pública para la construcción del cuestionado complejo Juan Felipe Ibarra- sede de los Ministerios de Educación y de Economía y otras oficinas provinciales- argumentó que se trata de edificios «de altísima calidad constructiva, inteligentes y con equipamiento completo» y que por eso el precio pactado por el gobierno, de 3000 dólares por metro cuadrado, «es razonable».
«Aún admitiendo ese precio cuando nuestros cálculos son de 5000 dólares por metro -dice Roberto Azaretto, denunciante y ex funcionario de la intervención en la provincia en 2004-, ese valor se equipara al precio de venta de un edificio inteligente en Puerto Madero, no al costo de la construcción, que debería ser el cobrado al estado provincial por Panedile». En otras palabras, se debería haber cobrado el costo y no el valor de reventa en el mercado inmobiliario.
DENUNCIA RATIFICADA
Los representantes de la firma alegan que tuvieron una reunión con Azaretto y que la denuncia nunca fue ratificada, pero eso no es real. «Yo me reúno con todo el mundo, y lo mismo hice con ellos. Escuché los argumentos que me dieron y son totalmente inválidos«, sostiene. La denuncia fue ratificada hace diez días en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Servini de Cubría.
La financiación de la obra, por parte de la Corporación Andina de Fomento, fue conseguida por el ministerio de Planificación de la Nación durante la gestión de Julio de Vido. Pero la contratante fue la Provincia y no la Nación. El exministro kirchnerista está imputado en la causa.
«Es evidente que si no se cumplían parámetros medios de precio, no se hubiera logrado la aprobación por el organismo internacional, denominada en la jerga bancaria ‘no objeción'», aseguran los voceros de la firma. Sin embargo, según Azaretto el banco no interviene en la verificación de los precios.
UNA EXPLICACIÓN CUESTIONABLE
Panedile admite que hubo ampliaciones presupuestarias por decreto – una metodología que se repitió en la construcción del polémico Tren al Desarrollo- por elementos adicionales pedidos para la obra y «redeterminaciones por inflación», pero sostiene que no son irregulares.
La posición de Azaretto es otra. «El despropósito no es sólo construir un edificio de este tipo en una provincia con otras necesidades, que tiene una renta per cápita de 3 mil dólares por año como si se estuviera en un país de 50 mil dólares de renta per cápita. El problema no es sólo el costo de la construcción, sino el del mantenimiento», continúa el denunciante.
«Santiago del Estero es la segunda provincia en nivel de pobreza. Los maestros son los que peor paga reciben en el país», agrega Azaretto. «Nosotros construímos, no tomamos decisiones políticas», argumenta Panedile cuando se objeta la razonabilidad del proyecto.
