Nacionales Política

La Corte Suprema lleva más de un año sin resolver sobre un aumento de tarifas

Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti (presidente) y Juan Carlos Maqueda deben resolver planteos sobre las tarifas de servicios
Se trata de un planteo presentado por una ONG ante el incremento que había aplicado Cristina Kirchner en el gas. El gobierno de Macri aguarda una definición.
Fuente Infobae

Las tarifas de los servicios de electricidad y gas se han convertido en el mayor dolor de cabeza para el actual gobierno, un motivo de preocupación para los usuarios y una fuente de incertidumbre para las empresas del sector.

Desde hace más de un año que está en la Corte Suprema un planteo sobre el tema y el Máximo Tribunal aún no se ha expedido.

El 11 de agosto de 2014 la Asociación Civil de Defensa de los Consumidores y Usuarios ACUBA inició una demanda contra la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A. para frenar el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la entonces Secretaría de Energía a través de la Resolución 226/2014. Al mismo tiempo solicitó que se dicte una medida cautelar ordenando la suspensión del cobro de las nuevas tarifas de gas. El juez de Mar del Plata, Alfredo López hizo lugar al pedido ordenando a Camuzzi la suspensión de los incrementos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.El fallo es apelado por la empresa y la Cámara Federal de Mar del Plata confirma la decisión del juez López. Esta medida afecta a usuarios de General Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita y Balcarce.

A partir de allí comienza un largo derrotero del expediente iniciado por ACUBA que en la actualidad está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin resolver aún.

Por otra parte, dentro del territorio en el que es competente la Cámara Federal de Mar del Plata se iniciaron numerosas acciones judiciales. Se han dictado medidas cautelares similares en más de 45 partidos de la Provincia de Buenos Aires. Esto ha generado que se vea comprometida la normalidad y continuidad del servicio por lo gravoso que resulta el cumplimiento de la medida.

Tras el fallo de la Cámara de Mar del Plata, Camuzzi interpone el 10 de diciembre de 2014 un Recurso Extraordinario para que la Corte trate el tema. Esta presentación se hace ante la Cámara, que debe decidir si concede o no el recurso. El 23 de abril de 2014 -casi cinco meses después de presentado- la Cámara concede el recurso. Un mes después, el 28 de mayo de ese año, las actuaciones llegan a la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde ese momento y durante cinco meses el expediente circula por las distintas vocalías del Máximo Tribunal.

El 24 de agosto de 2015, la Corte solicita a la Cámara de Mar del Plata que le remita el expediente principal (es decir donde estaba planteada la cuestión de fondo, si correspondía o no aplicar las nuevas tarifas). Lo que tenían hasta ese momento es lo que se llama en derecho procesal un «incidente», algo así como un anexo de la causa principal. Un mes después -el 25 de septiembre de 2015- llega a la Corte el expediente principal. Al cabo de un mes y medio -el 6 de noviembre- le envían la causa a la Procuración General de la Nación para que dictamine si era procedente hacer lugar al recurso planteado por Camuzzi.

Después de analizar el caso, la Procuración emite su dictamen señalando que «corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido (o sea, la medida cautelar que suspendía la aplicación del aumento de tarifas) y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho».

El expediente vuelve a la Corte con dictamen de la Procuración el 2 de mayo de 2016 y desde el 3 de mayo último no tiene movimientos.

En el medio de todo esto, el 10 de diciembre del año pasado asume el nuevo gobierno nacional que dicta una nueva resolución disponiendo un nuevo cuadro de tarifas lo que desató una tormenta de amparos que frenan los incrementos, pero al mismo tiempo mantienen en la incertidumbre a usuarios y empresas; aquellos no saben cuánto van a pagar finalmente por la luz y el gas, y éstas se ven obligadas a dar un servicio cuyo costo no pueden cubrir con las tarifas desactualizadas.

Desde que Camuzzi interpuso el recurso extraordinario contra la medida cautelar que frenó los aumentos pasaron 608 días -o sea, un año, 7 meses y 27 días-.

Desde que llegó el recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación transcurrieron 439 días -es decir, un año, 2 meses y 7 días-, y aún no está resuelto.

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