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La Corte Suprema decide si el defensor del Pueblo puede representar a los jubilados en la Justicia

La Corte Suprema prepara el último de los fallos sensibles en materia económica que fijó en su agenda del semestre. Antes de que comience la feria judicial, el lunes 22, el tribunal dará un veredicto sobre un caso que duerme hace una década en sus despachos, pero que puede tener impacto tanto en las cuentas fiscales como en la manera en que los jubilados reclamen ante la Justicia.

El caso se conoce como «Defensor del Pueblo de la Nación contra el Estado Nacional sobre amparos sumarísimos». Va a dirimir dos cuestiones. Primero, si el ombudsman puede encabezar reclamos colectivos en nombre de los jubilados. Segundo, si, de ser así, corresponde extender uno de los fallos claves de actualización de haberes de la última década, conocido como Badaro 2, a todo el universo de adultos mayores en condición de ser alcanzado en vez de hacerlo caso por caso, ante el reclamo de cada particular.

Para el abogado previsionalista Adrián Troccoli, «puede ser un fallo bisagra» sobre el rol del defensor del Pueblo. «Abrirá o cerrará la puerta a las acciones de clase», agregó.

Su colega Gabriel Greizerstein coincide en que la Corte podría marcar un punto de quiebre, porque «en materia previsional nunca se abrió la puerta a medidas colectivas». Sin embargo, a partir de ahí, matiza el alcance posible: «La redeterminación del haber también puede incluir movilidad de otros periodos, los topes -hasta qué salario se aporta, el monto actualizado, la cantidad de años- y todo eso no baja la litigiosidad”, consideró.

¿Cuántos Badaros?

Muchas cosas pasaron en los más de diez años que lleva el expediente. En abril de 2009, Mondino renunció como defensor del Pueblo para presentarse en las elecciones legislativas de ese año. Desde entonces, el puesto quedó vacante. En la actualidad, la oficina está a cargo de su subsecretario general, Juan José Böckel. Los abogados no descartan que, en su fallo, la Corte conmine a los poderes Ejecutivos y Legislativo a cubrir esa vacante.

Pero además, ya no está claro cuál es el universo de jubilados que se vería beneficiado por el amparo colectivo. Por un lado, porque la población susceptible de beneficiarse por el caso Badaro ya pasa los 80 años. Muchos de ellos murieron en el camino, otros tienen sentencias a su favor en alguna instancia de apelación y una cifra significativa habría aceptado la Reparación Histórica.

Según estimaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quedarían 30.000 personas que podrían ser alcanzadas por el fallo.

De ser así, no implicaría un esfuerzo fiscal importante para el ente previsional. La Anses todavía digiere el fallo Lucio Blanco, que obligó a calcular el haber inicial de los jubilados de acuerdo con el índice salarial Isbic y no con el Ripte, como hacía el organismo que dirige Emilio Basavilbaso. La Corte despachó ya los 15.000 expedientes similares.

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