La Cámara Federal exhortó al juez Bonadio a elevar a juicio oral el caso «Cuadernos» y definir la situación de Máximo Kirchner

La Cámara Federal le ordenó al juez federal Claudio Bonadio apurar el juicio oral por la causa de los Cuadernos, justo cuando el magistrado abrió una serie de causas anexas en donde volvió a ver desfilar a la mayoría de los empresarios de la obra pública y ex funcionarios que ya habían sido procesados por la asociación ilícita que habría comandado la ex presidenta Cristina Kirchner, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta.

«Observamos que son numerosos los legajos que por separado se siguen abriendo comenzando nuevas investigaciones sectoriales con numerosos nuevos hechos y personas individualizadas con reproche. Los imputados con situación procesal ya resuelta en ambas instancias se pueden contar por decenas, así como los hechos que se han tenido por acreditados, en ambos casos con el grado de provisionalidad correspondiente a estas etapas. Es también muy significativa la cantidad de imputados que permanecen en estado de detención, situación ésta que amerita una rápida elevación a debate», sostuvo el tribunal.

El planteo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi incluyó otro reto y lo instó a resolver dos cuestiones que ya le habían marcado previamente y sobre las que Bonadio no habría avanzado: el sobreseimiento  del diputado Máximo Kirchner por el delito de asociación ilícita y la profundización de las líneas que apuntan a un grupo de empresas que hasta ahora no fueron llamadas a declarar y que habían sido mencionadas por el financista Ernesto Clarens en su rol de arrepentido.

Puntualmente la Cámara Federal expresó su malestar al señalar: «Advertimos también que el a quo (Bonadio) ha hecho caso omiso a exhortaciones de este tribunal en cuanto a atender determinadas situaciones procesales. Entendemos el extraordinario cúmulo de trabajo que pesa sobre el magistrado que puede haber provocado que estas cuestiones hayan quedado relegadas. Razón por la cual le recordamos algunas que aún se encuentran pendientes, tales como el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner, con relación a la imputación del delito de asociación ilícita en el la causa», dijo.

También llamó a «profundizar las líneas de investigación relacionadas con diversas firmas, cuyos representantes aún no han sido convocados, tales como Perales Aguiar S.A., Cartellone S.A., Juan Carlos Relats S.A. (JCR S.A.) o el grupo Eskenazi, entre otras». El fallo añadió: «No dudamos situaciones todas estas que serán prontamente atendidas por el magistrado de grado«.

Máximo Kirchner y su vinculación con el caso de los cuadernos

El año pasado, después del «arrepentimiento» del ex secretario de Obras Publicas José López, Bonadio llamó a declarar al diputado Máximo Kirchner como miembro de la asociación ilícita, junto a otros dirigentes de La Cámpora. Allí, el ex subsecretario de Justicia Julián Alvarez recusó a Bonadio al acusarlo de parcialidad, tras recordar el magistrado era querellante en una causa en su contra y que él lo había denunciado en el Consejo de la Magistratura.

El 25 de octubre pasado, Bonadio resolvió que si la agrupación k había recibido para su financiamiento político de las recaudaciones registradas por el chofer Oscar Centeno, el tema debía ser analizado en otra causa ajena a la de los cuadernos.

El caso pasó a manos del juez Sergio Torres, quien ayer decidió que el caso no era órbita penal sino que debía analizarlo la justicia electoral. Sin embargo, Maximo Kirchner reclamó que lo sobreseyeran por el delito por Bonadio lo había hecho desfilar por Comodoro Py. Y el 4 de diciembre,  la Cámara Federal le ordenó que respondiera ese planteo. Sin embargo Bonadio nunca firmó ese sobreseimiento, según dejó expuesto ahora la Cámara Federal.

El pronunciamiento de los magistrados es parte de la resolución en la que se desprocesó al CEO de Techint Pablo Rocca, se confirmó el procesamiento de otros empresarios y se también alivió la situación del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, al considerarlo partícipe secundario de cohecho por mover dinero recaudado por la banda de los cuadernos y entregarlos a otros ex funcionarios que los distribuían con fines electorales.

El reclamo para apurar el juicio oral en el caso cuadernos

Tal como informó Infobae ayer, la Cámara Federal dictó así su tercera revisión sobre el caso que nació con las anotaciones de Oscar Centeno. La primera fue al confirmar el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita y dejar afuera de esa banda a los empresarios que pagaron coimas. La segunda se registró a fin de año cuando dispuso la falta de mérito y la libertad de un grupo de ex secretarios presidenciales del ex matrimonio Kirchner.

«Estamos culminando ya una tercera etapa de esta conocida causa denominada ‘cuadernos’, mapa significativo y sin precedentes de corrupción estructural que atravesara la administración del estado nacional con acuerdos espurios con importantes sectores de empresarios, durante un considerable lapso de años y lamentablemente no detectado por ninguno de los mecanismos de control institucional del Estado. Paradójicamente fue por una casualidad encarnada en un obsesivo detalle de un simple empleado/chofer que llegó a manos de un periodista y de ahí a la judicialización», evaluó el tribunal.

La Cámara resaltó que «esto es por lo menos lo que se ha tenido por provisionalmente acreditado en una primera resolución dictada por esta instancia revisora hace ya casi cuatro meses». Y subrayó: «dos etapas más hemos resuelto con posterioridad y observamos que son numerosos los legajos que por separado se siguen abriendo comenzando nuevas investigaciones sectoriales con numerosos nuevos hechos y personas individualizadas con reproche».

Otro de los párrafos refirió: «Los imputados con situación procesal ya resuelta en ambas instancias se pueden contar por decenas, así como los hechos que se han tenido por acreditados, en ambos casos con el grado de provisionalidad correspondiente a estas etapas. Es también muy significativa la cantidad de imputados que permanecen en estado de detención, situación ésta que amerita una rápida elevación a debate».

«No puede desestimarse que los procesos judiciales donde, como en el presente, se investigan delitos relacionados con la posible corrupción cometida por agentes públicos del Estado revisten un matiz diferencial, ya que sus consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio relacionado con el quebrantamiento de sus derechos y la confianza depositada en el funcionario público», afirmó.

La Cámara Federal habló de los compromisos internacionales en la lucha contra los delitos de corrupción y enfatizó: «Advertimos que resulta indispensable proceder cuanto antes a la elevación a juicio oral de la totalidad de las etapas/tramos que ya se encuentran concluidas en estas instancias, sin perjuicio de continuar con las investigaciones instruidas en los otros legajos«.