El panorama para el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, asoma sombrío. A sus problemas judiciales se le sumó un nuevo frente: una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) por el movimiento de más de $ 32 millones entre donaciones y convenios para realizaciones audiovisuales de la Fundación Octubre.
Según informa Clarín, el organismo le dio diez días hábiles al sindicalista para que justifique los montos. La IGJ, dependiente del ministerio de Justicia, tiene facultad de fiscalizar permanentemente la fundación. La Fundación Octubre de trabajadores de edificios es la encargada de administrar el conglomerado de medios cercanos al kirchnerismo.
Tras la presentación de los estados contables del ejercicio que cerró el 31 de octubre de 2015, la IGJ puso la lupa en las millonarias transferencias y puso en duda el «origen de fondos, su aplicación y correcta justificación». Según consigna el diario, en el punto «Estado de Recursos y Gastos» figuran donaciones por $ 16.987.564,26 y donaciones «incentivos a la educación» por $ 10.828.790,80. Los montos, de acuerdo a la observación, superan el tope mensual que estipula el organismo fiscalizador.
Según establece la IGJ, las fundaciones que perciban donaciones o aportes de terceros por sumas que superen los $ 70.000 «en un solo acto o varios actos que individualmente sean inferiores» a dicha cifra, «deberán presentar anualmente una declaración jurada». El organismo ahora le exige a la Fundación Ocubre que presente la documentación respaldatoria sobre la «licitud y origen de los fondos».
La Inspección General de Justicia también busca conocer el origen y cómo se formó la cuenta Convenios para realización audiovisuales y producción de películas de publicidad” por $ 16.927.241.
