En noviembre pasado un acontecimiento conmocionó a toda la población salteña, y es que una niña wichí de tan sólo 12 años quedó embarazada tras ser violada por 8 hombres (5 mayores y 3 menores) en la localidad de Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia. Se sabe además que la menor sufre una discapacidad mental de la que no se tienen muchas precisiones, salvo que le genera convulsiones.
A la víctima nunca se aplicó el protocolo de salud para los casos de violación, que incluye el shock antiséptico contra enfermedades de transmisión sexual y la píldora del día después, para evitar el embarazo. Tampoco se asesoró a sus padres para que la niña acceda al aborto no punible hasta las 12 semanas de gestación, que le corresponde por ley.
Actualmente la pequeña está cursando su sexto mes de embarazo, y la intervención se espera que sea mediante cesárea para reducir al mínimo los riesgos para su vida.
La abogada Mónica Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, dijo «el Estado debería haber actuado y no actuó, y ahora tiene que haber una reparación económica«.
Además, según ella, la intervención a la que deberá someterse ahora puede conllevar riesgos para la menor por tratarse de un embarazo avanzado, y porque padece una afección pulmonar, además de que podría estar desnutrida.
Todo esto coincide con el primer aniversario de la gigantesca movilización conocida como #NiUnaMenos que reclamó en todo el país contra la violencia de género, y que vuelve a poner el tema en agenda para que se terminen los abusos como el que sufrió la niña wichí.
