Fuente Infobae
La causa Hotesur es una de las que más compromete a la familia Kirchner y cuenta con una abundante cantidad de prueba colectada. Sin embargo, está prácticamente paralizada desde agosto del año pasado y en un virtual limbo jurídico por una decisión del juez federal Daniel Rafecas que aún no está firme. La velocidad que tomó el caso conocido como «ruta del dinero K» –tras la irrupción del video de SGI-La Rosadita y el «arrepentimiento» de Leonardo Fariña– contrasta con el estancamiento de la causa de los hoteles de la ex presidente.
Esta investigación se inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. En el escrito, la legisladora pide que se investiguen las irregularidades relacionadas con la declaración jurada de la ex presidente Cristina Kirchner y el incumplimiento por parte de Hotesur S.A. de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia. La sociedad comercial –propiedad de los Kirchner- no presentaba balances desde 2011, no se conocía la conformación societaria ni quiénes integraban el directorio. Hotesur es la propietaria del Hotel Alto Calafate en la provincia de Santa Cruz. En su denuncia, Stolbizer menciona que existen sospechas de que se trata de un alojamiento «fantasma» que usó el ex matrimonio presidencial para hacer negocios de dudosa legalidad con el empresario más beneficiado con la obra pública: Lázaro Báez.
LA VELOCIDAD QUE TOMÓ LA CAUSA DE «LA RUTA DEL DINERO K» CONTRASTA CON LA PARÁLISIS DEL CASO HOTESUR, QUE TRAMITA EL JUEZ DANIEL RAFECAS
A través de una firma vinculada a Báez, Hotesur recibió en concepto de alquiler diez millones cien mil pesos entre 2010 y 2011. «Mientras conseguía contratos millonarios para realizar obras financiadas por la Nación, Báez les alquilaba cientos de habitaciones en hoteles a los Kirchner, plazas que casi nunca eran ocupadas«, dice la denuncia. Valle Mitre, una firma de Lázaro Báez, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y alquiló durante años en el Alto Calafate más de 1.100 habitaciones por mes. Esos cuartos no siempre estaban ocupados, pese al millonario costo que representaba para la empresa de Báez, y que significaba una importante ganancia para la familia Kirchner.
Pese a esta última referencia, Stolbizer solicitó que se investigue sólo la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad cuando en el mismo escrito hacía mención además a supuestas maniobras de lavado de activos.
La causa recayó en el Juzgado Federal número 11 a cargo del juez Claudio Bonadio. El magistrado desde el comienzo orientó la pesquisa hacia una presunta maniobra de lavado de dinero. Con el objetivo de descubrir esa operatoria ordenó una pericia contable. Los peritos solicitaron acceder a documentación que les permitiera realizar esa tarea. Esto motivó que Bonadio ordene una serie de operativos en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y otros puntos del sur del país tendientes a obtener información para la causa que estaba investigando. El juez le encargó esa misión a efectivos de la Policía Metropolitana.
DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES -JUECES Y FISCALES- CREEN QUE EL CASO HOTESUR Y LA «RUTA DEL DINERO K» PODRÍA TRATARSE EN REALIDAD DE UN SOLO HECHO JURÍDICO: CORRUPCIÓN POLÍTICA Y LAVADO DE DINERO
A partir de allí, los involucrados en la denuncia pusieron en marcha una batería de artilugios procesales que terminaron con la decisión de la Cámara Federal de apartar a Bonadio de la causa. Entre esas chicanas, hubo un intento por llevar la investigación a un juzgado patagónico más «amigable» que no prosperó.
Es así que la causa quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien le sacó la custodia de la prueba colectada a la Metropolitana. Discos rígidos, DVDs, pendrives y cajas con documentación están en el área de Delitos Económicos de la Prefectura desde hace meses. Ante una nueva denuncia de la propia Stolbizer, ese material probatorio, inesperadamente, podría volver a manos de Bonadio. Es que la diputada del GEN fue a la Justicia para denunciar una maniobra similar a las realizadas vía Hotesur, pero ahora con la sociedad Los Sauces: pago de alquileres exorbitantes a la familia presidencial. El caso se sorteó y cayó en el juzgado de Bonadio.
