Política

«Hay quienes quieren hacer borrón y cuenta nueva y que no se investigue nada»

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, consideró que existen varios sectores que, respecto al caso Odebrecht, preferirían «hacer borrón y cuenta nueva y que en Argentina no se investigue nada”. A su vez, destacó que «se ha acelerado la posibilidad de cooperación interinstitucional con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos” para poder obtener la información del caso.

La funcionaria advirtió que en la justicia argentina existe un «déficit legal» que limita la colaboración con otros países para acceder a los datos sobre las coimas a funcionarios locales en el caso Odebrecht. Para Alonso el «traslado automático» de información «es difícil» porque hay que activar mecanismo de cooperación judicial «que no existen en el país». «No se puede formar un acuerdo de cooperación de tipo judicial porque no hay una ley de arrepentido empresario en la Argentina», señaló Alonso.

«Hay una gran oportunidad porque en Estados Unidos hay mucha información disponible que va a ser importante en las investigaciones de las próximas semanas y meses», consideró la funcionaria y agregó que el encuentro servirá también para trabajar en cómo se realizan los pedidos de información entre países, ya que explicó que «muchas veces» las negociaciones fracasan «no por mala voluntad» sino porque estuvieron «mal formuladas».

En este sentido, cargó contra Julio De Vido y afirmó que el ex ministro de Planificación «no podía ser ignorante» de los que sucedida en la órbita de su ministerio. Además, criticó a la oposición que según Alonso «han hecho campaña contra la corrupción y ahora se esconden y no quieren dar su apoyo». «Hay un sector del sistema político, del sistema judicial y del sistema empresarial que preferiría hacer borrón y cuenta nueva y que en Argentina no se investigue nada», disparó.

Más allá de la vía judicial, Alonso insistió en la importancia de acelerar el tratamiento de una reforma legislativa impulsada desde el Ejecutivo para «facilitar» que las empresas colaboren con la Justicia aportando datos sobre corrupción a cambio de una reducción en la sanción o multa, como sucede en otros países. «Esto no sólo permitirá investigar un caso sino atacar de forma sistémica la corrupción», afirmó.

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