El juez Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a 49 personas en la causa en la que se investigan las irregularidades y el pago de coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Entre los citados a indagatorias están el ex ministro de Planificación Julio De Vido, los ex secretarios de Obras Públicas José López y de Transporte Ricardo Jaime, y los empresarios de las firmas Iecsa, Comsa, y Ghella que junto a la brasilera Odebrechtparticiparon del contrato.
Martínez De Giorgi citó entre los empresarios a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por la firma Iecsa, a Héctor Ramón Castro por la empresa Comsa y a Gianvincenzo Coppi, por la firma Ghella.
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El juez no les puso fecha a las indgatorias de los ejecutovos de Odebrecht citados a declarar-entre los que está Marcelo Odebrecht– debido a que deberán ser interrogados en Brasil. En cambio sí citó para el mes de octubre a Jorge «Corcho» Rodríguez como intermediario entre el ministerio de Planificación y la empresa Odebrecht.
Las indagatorias comienzan con la de De Vido, que fue citado para principios de junio y están programadas para extenderse hasta octubre.
En la investigación que tiene a su cargo Martínez De Giorgi junto al fiscal Franco Picardi se detectaron irregularidades en el proceso licitatorio y pago de «comisiones» mensuales por parte de las firmas Iecsa y Comsa a la consultora CAESA, propiedad de Manuel Vázquez, testaferro de Jaime. En los pagos a esa sociedad se escondieron varias coimas detectadas en diferentes investigaciones judiciales en los últimos años.
Vázquez-quien como Jaime está detenido- tendrá que declarar también en indagatoria. Entre los citados se encuentra el sucesor de Jaime en Transporte durante el kirchnerismo Juan Pablo Schiavi y quien fuera la mano derecha de De Vido en Planificación Roberto Baratta.
Según el llamado a indagatoria al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se detectaron una veintena de irregularidades en el proceso licitatorio del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Sobre este aspecto el juez señaló que: «Que la falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección. Dicho accionar reviste, por otro lado, aptitud para vulnerar los principios de concurrencia e igualdad a la vez que se presenta como la primera manifestación de una serie de simulaciones legales que dan cuenta de un quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la administración pública».
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Durante la investigación se detectaron pagos de la empresa IECSA, una de las integrantes del consorcio a la firma CAESA, el canal que utilizaban Jaime-Vázquez para recibir coimas. Entre diciembre de 2005 hasta el septiembre de 2009 la firma de Calcaterra le pagó por consultorías facturadas 223.000 dólares a Jaime-Vázquez.
En tanto COMSA, otra de las integrantes del consorcio hizo lo mismo pero solo entre marzo de 2007 y diciembre de 2009. En esos años la empresa española le pagó a Jaime-Vázquez la suma de 76.000 dólares.
Sobre esta operatoria el juez Martínez De Giorgi dijo que «De lo expuesto se colige que CAESA S.A., -firma a la que IECSA S.A. y COMSA S.A. efectuaron los pagos detallados en párrafos precedentes-, ha operado como «la caja» del funcionario a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Asimismo, cabe tener presente que en el periodo en que ambas empresas integrantes del consorcio ganador efectuaron los pagos a CAESA, Vázquez se encontraba ejerciendo funciones en el ámbito de la Secretaría de Transporte -dependencia encargada de llevar adelante el proceso licitatorio- en el que fue designado por el propio Ricardo Jaime quien se hallaba a cargo de la Secretaría. A ello, se le debe sumar, como elemento a considerar en dicho contexto, que los primeros pagos efectuados por IECSA S.A. a CAESA S.A se concretaron pocos días antes del dictado del Decreto 1683/2005, dispuesto con fecha 28 de diciembre de 2005 por el entonces Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, que motivó el dictado con fecha 21 de febrero de 2006 de la Resolución 82/06 por parte de Ricardo Jaime, en su carácter de Secretario de Transporte, por la que dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario en el tramo Caballito – Liniers y la construcción de pasos a distinto nivel, vehiculares y peatonales, en el tramo Liniers – Moreno de la línea Sarmiento».
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En el llamado a indagatoria el juez señaló que al periodista Hugo Alconada Mon, del diaria La Nación, declaró como testigo hace unos días y aportó información sobre documentación del caso Lava-Jato a la que accedió. Alconada Mon describió cómo era, según las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht y otro ejecutivo de la constructora brasilera Luiz Antonio Mameri , el esquema de pago de coimas en la Argentina. También entregó en el juzgado de Martínez De Giorgi la documentación-previo acuerdo con sus fuentes-obtenida en Brasil.
Martínez De Giorgi reseñó la declaración de Alconada Mon: » Explicó –dijo el juez-que ambos delatores expusieron como era la operatoria de los sobornos pagados en la Argentina y otros países del hemisferio a través de «lobbistas» contratados en cada uno de esos países, empresarios locales, «doleiros», -que sería «cueveros» en la jerga financiera argentina- y un entramado de sociedades financieras off shore en múltiples paraísos fiscales cuyo último destino es Uruguay, y el pago de dinero en efectivo en Buenos Aires. Detalló que dentro de la documentación se encuentra la denominada «Colaboración nro. 10» correspondiente a Luiz Antonio Mameri que se centra en los sobornos pagados en el proyecto para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En esa colaboración Mameri aludió a dos grandes etapas en los sobornos por el soterramiento del Sarmiento, e indicó que en la primera etapa, que fue entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para los «pagamentos indebidos» fue uno de los máximos representantes de IECSA, Javier Sánchez Caballero, y señaló que por Odebrecht quienes pidieron su aprobación para dichos pagos ilegales fueron Mauricio Ribeiro entre 2008 y 2010 y Rodney Rodrigues entre enero de 2011 y enero de 2014. Y que Mameri también clarificó que esos «recursos indebidos» eran destinados a agentes públicos ligados al Ministerio de Planificación argentino en la época cuyo titular era Julio De Vido. La segunda etapa, según Mameri, fue entre septiembre de 2013 y marzo de 2014 cuando Rodney Rodrigues, fue abordado por Jorge Rodríguez, quien se presentó como interlocutor de Roberto Baratta,(colaborador de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación – responsable de definir las prioridades de pago de las obras por el Gobierno). Que Jorge Rodríguez le indicó que con cada pago liberado de factura, el consorcio integrado por Odebrecht, IECSA, Ghella y COMSA debía pagar «valores indebidos» en cuentas que él indicaría y que esa era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por servicios ya prestados».
El juez también reseñó el testimonio de Ernesto Osvaldo Selzer quien presidió la Unidad Ejecutora del Soterramiento entre 2013 y 2016. Selzer declaró como testigo en otra causa vinculada a Odebrecht que está a cargo del juez Sebastián Casanello. El ex funcionario había dicho que José López, según el llamado a indagatoria firmado hoy » lo contactaba para interiorizarse del avance de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Asimismo y ante la exhibición de distintos mensajes de texto enviados y recibidos -recuperados de uno de los celulares secuestrados a López en marco de la causa seguida a su respecto por enriquecimiento ilícito- (mensajes de fecha 19/12/13), señaló que allí López en el que se hacía referencia al manejo que tenía de los pagos de certificados de obra que debían hacerse a Odebrecht por la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y efectúa indicaciones ante inconvenientes que se presentaron en relación a ello, señalando que los brasileños (Flavio y Rodney) debían hablar con «Corcho Rodríguez».
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«Selzer también refirió-dice Martínez De Giorgi- que «Corcho» Rodríguez era una suerte de emisario entre López y Odebrecht. Que Flavio, sería el remplazante de Rodney como representantes de Odebrecht. Y agregó que vio a Jorge Ernesto Rodríguez en la Secretaría de Obras Públicas participando en reuniones con López. Que a la Secretaría de Obras Públicas entraba caminando pero el «Corcho» dejaba su auto en el estacionamiento del Ministerio de Planificación Federal como invitado y saludaba a todo el mundo».
El juez concluyó que ex funcionarios y empresarios debían ser llamados a indagatoria a la luz de las irregularidades detectadas en el proceso de licitación (informe hecho por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas), más los pagos recibidos por CAESA y la confesión del pago sobornos realizado por Odebrecht. Para el juez el proceso de licitación del Soterramiento del sarmiento fue turbio y además hubo coimas. Por eso hizo el llamado a indagatoria. Ex funcionarios y empresarios tendrán que dar explicaciones en Comodoro Py sobre un negocio millonario.
Fuente Infobae
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