Escándalo en el Chaco: una magistrada provincial frenó una orden de la Justicia federal para detener a un intendente

En el Chaco se está dando una situación de «strepitus fori«, una expresión del latín para describir el escándalo jurídico que implica el dictado de dos resoluciones judiciales contradictorias en un caso similar. La jueza federal Zunilda Nirempergerordenó, a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, la detención de Oscar Alberto Nievas, intendente de la localidad de Castelli.

El mandatario municipal está imputado en una causa por lavado de activos cuyo origen sería el desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales para comunidades de pueblos originarios.

Este funcionario es hermano de Martín Nievas, ministro de Gobierno del Chaco y hombre fuerte del gobernador Domingo Peppo. Cuando los efectivos de la Gendarmería fueron a buscar al intendente, se encontraron con que Nievas había presentado un Hábeas Corpus en un juzgado provincial. La jueza María de las Mercedes Pereyra hizo lugar al pedido del jefe comunal y ordenó dejar sin efecto la orden de detención dictada por la justicia federal.

La jueza Pereyra estuvo envuelta en varias polémicas a raíz de sus decisiones. Esta magistrada fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por liberar en un trámite «exprés» a dos imputados acusados de haber defraudado en 50 millones de pesos al Nuevo Banco del Chaco. Pese a la dimensión de la estafa investigada, dejó en libertad a los detenidos en menos de 24 horas y les impuso una caución de sólo 30.000 pesos.

En esa oportunidad -según pudo saber Infobae-, quien posibilitó que la jueza fuera sometida a un jury fue el hermano del intendente de Castelli, que integraba en ese momento el Consejo de la Magistratura chaqueño.

En 2011, y también a través de un Hábeas Corpus,  la jueza Pereyra frenó la detención del intendente de la localidad de La Leonesa, José Ramón Carbajal, quién estaba acusado de encabezar una patota que a los golpes impidió que se realizara una charla sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de los seres humanos. La Justicia civil dio por acreditado que Carbajal había iniciado la golpiza y lo condenó a pagar una indemnización de 95 mil pesos.

De acuerdo con distintas fuentes consultadas por Infobae, la magistrada  inmediatamente después de firmar la resolución que frenó la detención del intendente de Castelli, investigado por lavado de activos, se embarcó en un crucero para disfrutar de un viaje de placer.

En diálogo con este medio,  el fiscal federal Sabadini anticipó que este lunes presentará una denuncia penal contra la jueza María de las Mercedes Pereyra por encubrimiento con notificación al Consejo de la Magistratura del Chaco. Además está elaborando un informe que va a remitir esta semana al Presidente de la Nación Mauricio Macri, a ambas cámaras del Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de poner en conocimiento de los tres poderes la situación de gravedad institucional que atraviesa la provincia.

El intendente Antonio Nievas está siendo investigado por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos. El municipio de J.J. Castelli firmó 16 convenios con el entonces Secretario de Obras Públicas, José López para la construcción de 641 viviendas locales. Estas casas debían construirse a través de cooperativas para el estimular el uso de mano de obra local.

Según la investigación, Nievas le adjudicó la mayoría de las obras a la Federación de Cooperativas de Trabajo de El Impenetrable Chaqueño, que cedió la construcción de las casas a la empresa JOA, de José Hipperdinger, ex secretario de gobierno del intendente de Villa Bermejito, Lorenzo Heffner. Este jefe comunal también está involucrado en una maniobra de desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para comunidades aborígenes.

Uno de los convenios celebrados por Nievas con la Secretaría de Obras Públicas comandada por José López preveía la construcción de 100 viviendas a un costo de casi 34 millones de pesos. Cuando la jueza Niremperger envió a la Gendarmería a constatar qué había en el terreno donde debían levantarse las casas, los efectivos de la fuerza de seguridad se encontraron con un baldío; no se había construido ni una sola vivienda.

Otra irregularidad que encontró la Justicia fue que el pago de las obras se hacía a través de cheques que libraba el municipio cuyo beneficiario era la municipalidad de J.J. Castelli. En la investigación se pudo reconstruir la ruta del dinero y así se logró determinar que dos cheques fueron cobrados en efectivo por el intendente Nievas. El jefe comunal cobró uno por 500 mil pesos y otro por dos millones de pesos. Ese mismo día hizo dos depósitos en la cuenta de JOA, la empresa de Hipperdinger, uno por 500 mil pesos y el otro por 245 mil pesos, es decir, quedaron sin destino conocido 1 millón 750 mil pesos.

La jueza Niremperger descubrió además que al menos 40 casas -de las pocas que se construyeron- fueron entregadas sin criterio social y discrecionalmente a amigos, familiares y allegados del jefe comunal.

Con relación a la orden dictada por la jueza federal está vigente por lo que la Gendarmería debe proceder a la inmediata detención del intendente de J.J. Castelli, Antonio Nievas.