Una propuesta polémica que no prosperó. Las comisiones de Familia y de Derechos de la Mujer de la Legislatura de Tucumán rechazaron el proyecto de ley que intentaba prohibir el aborto no punible en casos de violación. La iniciativa, impulsada por el el peronista Marcelo Caponio, no consiguió dictamen y será archivada.
El proyecto contaba con la firma de 29 de los 49 legisladores provinciales pero no avanzó, ya que en las comisiones consideraron que existen diferentes tipos de legislaciones referidas a esta temática, tanto en tratados internacionales como en leyes nacionales y regionales.
Además, según entendieron, esta propuesta va en contra del artículo 86 del Código Penal de la Nación, en donde se establece que las mujeres pueden interrumpir su embarazo si fueron violadas o si su salud o su vida corren peligro.
Cuando lo presentó ante la Legislatura, Caponio -que preside la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales- aseguró que el proyecto no iba en contra de ningún artículo. «Estamos avanzando para que el Estado provincial esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas. Es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada y, en especial, los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida por el niño por nacer y su garantía de igualdad», aseguró ante medios locales.
La propuesta contaba con el apoyo de la propia presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, la peronista Graciela Medina, y la presidenta de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos, Mayores y Discapacidad, Sara Alejandra Assán. Como a su vez de legisladores oficialistas y opositores.
Pero ni bien el proyecto se hizo público se generó una ola de repudio. La diputada Teresita Villavicencio, del bloque Evolución Radical, recalcó: «Ver la realidad o no verla, esa es la cuestión».
En la misma línea, un comunicado firmado por agrupaciones y organizaciones por los derechos humanos también salió al cruce de la medida. «Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de Proyecto de Ley presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1.921 por el ordenamiento penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo», resaltaron en un documento Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT.
En el comunicado, denunciaron que la medida formaba parte de «estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva«.
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