El anuncio del reperfilamiento de la deuda pública que hizo el Gobierno nacional hace poco más de una semana abrió un frente inesperado en los últimos días. Parte del dinero invertido por un grupo de provincias quedó «cautivo» por el aplazamiento en el pago de títulos públicos nacionales como las Letes, las Lecap o Fondos Comunes posicionados en esos bonos. Los gobernadores reclaman que se trata de caja chica que necesitan usar en el día a día, pero desde la Casa Rosada tendieron puentes para buscar una salida dialogada.
El anuncio hecho el 30 de agosto por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza incluyó un estiramiento en los tiempos de pago para los bonos de corto plazo y, en segundo lugar, la apertura a una negociación con inversores sobre los títulos públicos de mediana y larga duración. El primer aspecto trajo algunas complicaciones a la operatoria de Fondos Comunes de Inversión que tenían en su cartera ese tipo de deuda.
Las administradoras de FCI tuvieron que suspender por un día las operaciones hasta conocer la letra chica de la medida. Finalmente, la normativa exigió la distinción entre inversores individuales e institucionales. Los primeros no serán afectados por el reperfilamiento y las personas jurídicas sí. Pero esto dejó en una zona gris a las provincias, que suelen acudir a este tipo de recursos para mantener el poder adquisitivo de sus arcas.
Según explicó ante TN.com.ar el ministro de Economía de una de las provincias más grandes del país, «las administraciones necesitan hacer algún tipo de inversión para que los pesos que recaudan no pierdan contra la inflación». «Algunas invierten directamente en Letes o Lecaps y otras en Fondos Comunes de Inversión, que como se pueden rescatar con un día de demora, te da una mayor liquidez», comentó.
El reperfilamiento, entonces, implicó que las provincias que hubieran invertido en esos títulos directamente o a través de FCI quedaran bajo el régimen de cobro de los tenedores institucionales: un 15% el día del vencimiento, un 25% tres meses después y el restante 60% pasados seis meses. Eso complicaría la disponibilidad rápida de dinero por parte de los gobernadores, que deben utilizar esos recursos para afrontar gastos corrientes como pago de sueldos.
Por eso, el grupo de nueve provincias que se vieron afectadas por esta situación (entre otras, Santa Fe, Salta, Río Negro y La Rioja) elevaron su reclamo a la Casa Rosada. Según explicaron desde el Ministerio de Hacienda ante la consulta de este sitio, «aún no está definido de qué manera van a poder rescatar el dinero que tenían invertido» y que en los últimos días se inició una ronda de consultas para encontrar una salida
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En ese sentido, esta semana Juan Manuel Urtubey, gobernador salteño y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, comentó que parte de las arcas provinciales «estaban invertidas en Letes para que no perdieran su valor». «El Estado nacional no puede obligar por un default a que las provincias también tengan que defaultear. Por ahora estamos hablando entre los gobernadores y vamos a llevarlo al Congreso», comentó en diálogo con América TV, sobre la posibilidad de judicializar el reclamo.
Una opción que trascendió además en los últimos días es que, en la negociación por el cobro de sus inversiones financieras, las provincias incluyan un «reperfilamiento» de las deudas que mantienen con la Nación.
El lunes, el Gobierno decidió suspender el envío al Congreso del proyecto de ley de reperfilamiento de la deuda de mediano y largo plazo emitida bajo ley argentina. Originalmente, este miércoles Lacunza iba a presentarse en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública para explicar la iniciativa. Pero el ala política del Poder Ejecutivo priorizó iniciar un canal de negociación con la oposición antes de ingresar el texto al parlamento.
Así lo decidió la Casa Rosada tras una reunión entre miembros del gabinete y las principales espadas parlamentarias del oficialismo. «Pusimos como objetivo central buscar consensos con la oposición antes de pasar la ley por el Congreso. Vamos a avanzar en reuniones con los referentes opositores para lograr acuerdos previos al envío del proyecto», comentaron fuentes oficiales.
La renegociación de la deuda de mediano y largo plazo incluye, según cálculos preliminares, unos U$S40.000 millones. Los títulos públicos argentinos sufrieron en los últimos meses ventas masivas por parte de los inversores. En el último año, algunos bonos tuvieron pérdidas de valor superiores al 60%.
El Gobierno sostiene que el reperfilamiento permitirá aliviar la carga de deuda y darle mayor margen de maniobra al Banco Central para usar reservas y contener al dólar.
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