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El niño Infante en medio de una puja en la que interviene el gobierno zamorista

La jueza de familia que tiene a cargo el caso del niño Infante, ha contrariado todo tipo de norma procesal y constitucional, ya que existe un informe psicológico y otro médico realizados por Autoridades Nacionales -es decir jerárquicamente superior- los cuales dan fe de los daños que padece hoy el menor.

La jueza de familia que tiene a cargo el caso del niño Infante, ha contrariado todo tipo de norma procesal y constitucional, ya que existe un informe psicológico y otro médico realizados por Autoridades Nacionales -es decir jerárquicamente superior- los cuales dan fe de los daños que padece hoy el menor.

En uno de los informes en cuestión se habla claramente de conductas poco alegres por parte del niño al momento de compartir momentos con su madre, como «rasgos persecutorios y retraimiento en presencia de la madre», según reza el escrito y agrega que el niño «se paraliza ante los gritos de su madre, los cuales han sido efectuados en presencia del personal de la DINAF».

En tanto el informe médico realizado durante el mes de abril por el cuerpo médico forense, da cuenta del bajo peso, de la baja estatura de acuerdo a su edad y del «déficit nutricional» que hoy afecta al niño. Es por eso que para revertir esta situación y evitar daños irreversibles en su salud, el menor necesita con urgencia un «tratamiento hipercalórico».

Ante los claros argumentos brindados en los mencionados informes, la jueza decide ignorar a los mismos contrariando varias normas del derecho. «Oficialmente y expresamente no los nulifica, no los considera nulos porque no lo son. Son totalmente válidos, están completos y perfectamente realizados. Ni siquiera la contraparte lo ha impugnado», relató a «Última Hora» la abogada Ivana Sánchez, defensora de Andrés Infante, padre del niño.

Aunque se hubiera impugnado no se lo invalida, sino que de esa impugnación se le corre a traslado al médico para que éste dé explicaciones, razonó la letrada y agregó que «lo que procesalmente corresponde mediante informes oficiales es, que los médicos sean citados a una audiencia o bien por escrito, para dar las explicaciones que el juez o las partes contrarias consideren importantes», es decir, no corresponde que dejen los informes de lado si no hay motivos legales ni científicos-médicos para anularlo.

«Hay una arbitrariedad manifiesta, porque la norma procesal te dice que ‘ante una pericia el juez o una parte contraria podrán pedir las explicaciones necesarias’. Si vos lo anulas es porque el informe está muy mal hecho, pero este no es el caso. Tal es así que la jueza no lo declara nulo, directamente de forma arbitraria pide que se efectúen nuevas evaluaciones», advierte Sánchez.

Evidentemente esta maniobra por parte de la magistrada es llevada a cabo para que «terminen dictando una resolución en donde la decisión, que ya la tienen tomada porque en los hechos se demuestra, tenga algún sustento. Básicamente que el niño no tenga contacto con su padre y que siga en ese lugar en donde sufre maltrato desde nacimiento», nos manifiesta la abogada.

«La jueza le entrega la custodia a la madre basándose en la privación de la libertad del padre, pero al haber cesado el único motivo por el cual el menor se queda con su madre (Infante recupera su libertad) ya no hay razones para sostener esta decisión. Aún así los informes avalan que el niño sigue en mal estado, tanto físico como mental”.

“No obstante la jueza dice: ‘tal médico y tal psicólogo van a hacer nuevas evaluaciones’. Obviamente buscando que digan lo que ellos pretenden para sustentar aquella decisión que ya la tienen tomada”, concluyó Sánchez.

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