El Frente de Todos anunció que el llamado “impuesto a la riqueza” para afrontar gastos generados por el COVID-19 sería presentado en el mes de junio. Junio ya comenzó. La iniciativa aún no pasó por Mesa de Entradas. Las razones son dos. La primera, la búsqueda de consenso. Y la segunda es un detalle de último momento: en estos días el kirchnerismo analiza si amplía la base para que paguen lo que ellos no llaman impuesto sino un aporte patriótico.
La idea original era que pagaran quienes declararon bienes al 31 de diciembre del año pasado por $ 200 millones. Incluso el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, autor del proyecto junto con Máximo Kirchner, jefe del bloque, le había comentado a Infobae que prefería no arrancar con un piso de $150 millones. Consideró en su momento que el aporte no era significativo en términos económicos. Sin embargo altas fuentes del bloque admiten que se retomó la discusión interna y que parte del kirchnerismo prefiere que más gente contribuya con el financiamiento de los gastos extraordinarios que demanda la pandemia.
Máximo Kirchner viene siguiendo de cerca la situación en algunos municipios, como los gobernados por referentes de La Cámpora. De todos modos los problemas económicos de la administración de Mayra Mendoza, de Quilmes, o de Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, son los mismos que sufren intendentes de toda la provincia: una caída de 50% en la recaudación por alumbrado, barrido y limpieza y cerca de un 60% de caída en la coparticipación. Algunos intendentes ya dijeron que tienen dificultades para pagar sueldos.
El Ejecutivo asumió ayudas extraordinarias para las empresas que tienen dificultades en el pago de salarios y hasta Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea estatal, que viene realizando vuelos para traer a argentinos varados en el exterior, decidió la suspensión de gran parte de su personal.
El Presidente aún no promulgó ni reglamentó las tres primeras leyes votadas en forma remota por el Congreso: la ley Silvio que establece protocolos y equipamientos para garantizar la seguridad del personal sanitario, pensiones para familiares de personal esencial fallecido por contagiarse COVID-19 en el marco de su trabajo y exención de Ganancias para horas extras y guardias de personal sanitario, de recolección de residuos y fuerzas de seguridad, entre otras. En el Ejecutivo no dicen aún por qué Alberto Fernández no promulgó esas dos leyes y los acuerdos con la Cruz Roja pero todo implica más carga para el erario público.
El Presidente ha dicho que “la cuarentena durará lo que tenga que durar”. La decisión implica un alto costo financiero justo cuando se renegocia el pago de la deuda.
Máximo Kirchner conversa por estos días no solo con intendentes propios sino también con legisladores de otros bloques en búsqueda de consenso.
Aunque en el Frente de Todos dicen que el proyecto no crea un nuevo impuesto sino un aporte extraordinario por única vez, la cámara de inicio será la de Diputados. De los 257 integrantes de la cámara baja, 119 pertenecen al Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene 116; el Interbloque Federal tiene 11; la izquierda dos; el Movimiento Popular Neuquino una y Unidad y Equidad Federal, ocho. Los no oficialistas suman 138.
Un sondeo que hizo Infobae en los últimos días permite anticipar que la iniciativa podría aprobarse con condiciones y cambios siempre y cuando el oficialismo esté dispuesto a abrir una negociación. Juntos por el Cambio, con diferencias internas, no parece un bloque dispuesto a discutir en forma telemática temas tan duros. Aún menos después de que el Presidente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 457. El jueves pasado el bloque no alcanzó el quórum aunque sumó a algunos opositores de otras bancadas. Durante un par de horas discutieron en minoría el DNU. Denunciaron que el Poder Ejecutivo delegó en el jefe de Gabinete facultades exclusivas del Congreso como la posibilidad de disponer de reasignación de todo el Presupuesto, sin límite.
Tanto Mario Negri como Cristian Ritondo, jefes del interbloque de Juntos por el Cambio y del PRO respectivamente, le transmitieron a Sergio Massa su negativa a sentarse a discutir iniciativas conflictivas mientras se sesione en forma remota. En la agenda común sólo tienen un tema consensuado como la nueva Ley de Economía del Conocimiento.
Diputados y senadores más cercanos al pensamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner coinciden en la necesidad de avanzar en “una herramienta muy justa que los que más tienen pongan más, hay multimillonarios que con poco esfuerzo podrían contribuir mucho”.
En el Interbloque Federal, con un guiño público de Roberto Lavagna, circula la propuesta de Alejando ‘Topo’ Rodríguez, para impulsar créditos a tasa 0 para pymes. Tanto él como el jefe del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, se habrían mostrado predispuestos a acompañar un impuesto extraordinario aunque sin dar una carta en blanco al Gobierno.
Bucca, por su parte, indicó que estaría a favor siempre y cuando el destino de lo recaudado sea la reactivación de la economía en la post pandemia. El destino de lo recaudado es lo que le preocupa. Su bloque a veces toma posturas comunes. No acompañarían el proyecto si se destina a subsidios o salarios.
Aunque aún no conocen el proyecto en el interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón y que integran tres aliados del Frente de la Concordia Misionero, entre ellos Ricardo Wellbach, podrían apoyar. También a condición que el aporte o impuesto tenga un destino específico y se cobre sólo una vez.
Desde la izquierda, Nicolás del Caño ya presentó un proyecto de impuesto que alcanzaría a todas aquellas personas que hayan declarado bienes por $100 millones, unas 15.000 personas cómo mínimo. Tanto él como Romina del Plá insistirán con su propuesta y con regular la asignación específica. Pero podrían acompañar.
Hasta ahora todos los detalles que trascendieron fueron los que dio el diputado Heller. Si el impuesto extraordinario tuviera como base $200 millones, lo pagarían unos 11.300 argentinos. Si tuviera como base $150 millones, serían unos 13.000 o más y se acercarían a la propuesta de la izquierda.
La alícuota arranca en 2% y se aplicaría en forma gradual hasta un máximo de 3,5% para quienes declararon un patrimonio superior a $3.000 millones hasta el 31 de diciembre del año pasado.
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