La causa que investiga el circuito que operó para el cobro de sobornos por parte de ex funcionarios kirchneristas a empresarios contratistas del Estado, sumó un nuevo llamado a indagatoria: en esta oportunidad el juez Claudio Bonadio citó a declarar al ex senador de la provincia de Córdoba y empresario Roberto Urquía.
Esta citación se realizó en el tramo de la investigación de los cuadernos de las coimas que indaga sobre las concesiones ferroviarias desde 2003 a 2009, para responder sobre adjudicaciones de contratos en dicho rubro.
Bonadio avanzó con la indagatoria después de generar nuevas pruebas en el marco dela causa que dio por corroborada la existencia de un sistema de recaudación ilegal de retornos, impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de 2003 a 2015, según determinó el magistrado.
Por tal motivo, se decidió organizar la causa en tres áreas específicas. Cada una analizará aquellos sectores en los que el Gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte.
Los expedientes avanzan vinculados a la causa central donde Cristina Kirchner quedó procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicaba a recibir fondos ilegales. Ya se realizaron diversas indagatorias vinculadas a la concesión de subsidios al transporte ferroviario.
Respondiendo a esta organización del expediente, Bonadio llamó a declarar a Urquía, sospechado de haber sido partícipe de la maniobra y de haber pagado sobornos para obtener los correspondientes contratos del sector ferroviario cuando Ricardo Jaime estaba frente al área.
Como uno de los principales referentes del rubro aceitero, Urquía (uno de los dueños de Aceitera General Deheza) obtuvo junto a otros empresarios la concesión para explotar servicios ferroviarios que comunican la provincia de Córdoba con otros puntos del país.
El ex senador es socio de Gabriel Romero (Grupo EMEPA) en dicha concesión del ferrocarril de carga Nuevo Central Argentino, que explotaron hasta 2013.
La indagatoria se celebrará cuando se retome la actividad judicial después del 1° de febrero, instancia en la que según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el empresario Romero (uno de los tantos empresarios aceptados como imputado colaborador) ampliará su declaración.
Romero fue quien admitió haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara el Decreto 113/2010, que prorrogó la concesión del cobro de peajes a los barcos en la hidrovía hasta 2021 sin llamado a licitación.
En otra instancia de la causa, aún resta la definición del juez sobre si homologa el acuerdo de colaboración de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz -ex secretario privado de Néstor Kirchner-, que decidió confesar como «arrepentida» en la parte del expediente donde se investigan maniobras de lavado de activos en el exterior por US$ 70 millones en la compra venta de 17 propiedades en Estados Unidos.
En esta parte, el magistrado debe decidir la situación procesal de Juan Manuel Campillo (ex secretario de Hacienda de Santa Cruz y hombre de confianza de los Kirchner), aceptado como imputado colaborador, y de su sobrino Gastón Campillo.
También está pendiente la situación de Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia, y la de Carlos Gellert, primo de la viuda de Muñoz, también aceptado como arrepentido en el expediente. En los próximos días, se esperan definiciones clave.
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