El Congreso de la Nación se prepara para tratar durante las últimas dos semanas de sesiones extraordinarias tres proyectos de gran relevancia mediática y política: una modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, un régimen penal y procesal especial para espectáculos futbolísticos -que busca terminar con la violencia barrabrava-, y la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos.
En principio, este martes Diputados tratará, a partir de las 12.30, la ley anti barras, que de ser aprobada incluso se podría discutir al día siguiente en la Cámara alta. El texto del proyecto, que estipula mayores penas para ciertos hechos, iba a ser votado hace dos semanas en la primera sesión del período extraordinario pero se terminó postergando por algunas diferencias entre las principales fuerzas.
El dictamen en la comisión conjunta de Legislación Penal y de Deportes había salido con 12 de los 33 diputados en disidencia. Y como ya en ese momento se habían planteado observaciones, incluso desde el oficialismo, pidieron seguir trabajando la redacción final.
Una de las cuestiones que se acordó en la comisión fue reducir varias de las penas que introducía el proyecto original de la Casa Rosada para los delitos en los alrededores de los estadios. Así, pasarán a ser excarcelables. Sucede que una de las quejas más escuchadas era que no había criterio para las penas respecto de otros delitos.
«Esperemos que sea tratada el 18 en Diputados y el 28 en el Senado, con el objetivo de que en el campeonato de verano, que se juega con las dos hinchadas, podamos aplicar la nueva ley«, manifestó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich la semana pasada.
El martes los diputados también deliberarán sobre la denominada Ley Micaela. El proyecto, que lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven que fue abusada y asesinada en la ciudad de Gualeguay en abril de 2017, establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
«Es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios», explicó la diputada Analía Rach Quiroga, una de las redactoras del texto.
Un día más tarde, el miércoles, el Senado retomará el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos.
El texto acordado habilita a las empresas a realizar aportes con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña. No lo podrán hacer si son contratistas o concesionarias del Estado. Tampoco los sindicatos y las empresas de juegos de azar. Entre otro puntos, a su vez prevé la trazabilidad de los fondos y la bancarización de los aportes.
Los aportes de empresas privadas a para las campañas y los montos límites generaron todo tipo de confrontaciones, incluso dentro de Cambiemos.
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La líder de la Coalición Cívica no dejó lugar a dudas con una publicación en las redes sociales: «Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo». Por eso no se pudo avanzar primero en Diputados.
Finalmente, también se tratarán un proyecto de reconocimiento y protección de las personas apátridas (que no son reconocidas por ningún Estado) y una modificación a la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios.
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