Había sido uno de los reclamos de Elisa Carrió, para apoyar la ley: que se excluyera a los familiares de los funcionarios de la posibilidad de sumarse al régimen de blanqueo lanzado por el gobierno nacional. El proyecto de ley original del gobierno de Mauricio Macri los habilitaba, pero la fuerte resistencia de la oposición y hasta de parte de la coalición gobernante obligó al macrismo a ceder y dejarlos afuera del blanqueo.
Ahora el presidente Macri dio marcha atrás y por medio del decreto 1206/2016 publicado este miércoles en el Boletín Oficial modificó el denominado «Régimen de Sinceramiento Fiscal» y abrió las puertas para que todos los familiares de funcionarios públicos blanqueen dinero y bienes no declarados tanto en el país como en el exterior.
La ley sancionada por el Congreso de la Nación, en su artículo 83 prohibía expresamente que los familiares directos de los funcionarios públicos, desde el presidente de la Nación hasta un director de Estado, pasando por jueces y legisladores pudieran participar del «sinceramiento fiscal».
Dicha restricción alcanzaba a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de quienes estén o hubieran estado en la función pública desde el 1° de enero de 2010.
Sin embargo el decreto presidencial flexibilizó ahora esta restricción y los familiares de estos funcionarios podrán declarar dinero y bienes que estén en su patrimonio desde antes del ingreso al Estado del funcionario público y beneficiarse por las exenciones dispuestas por la ley.
«Los sujetos comprendidos en el Artículo 83 de la Ley N° 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, dispuesta en el Título I del Libro II de la ley, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w) del Artículo 82 de la Ley N° 27.260, hubieran asumido los respectivos cargos” índice el decreto presidencial que echa por tierra con la exigencia de Carrió y parte de la oposición para acompañar en su momento el proyecto.
La modificación de la ley de blanqueo se da en simultáneo con la investigación judicial que tiene como objeto los activos que Franco Macri tiene sin declarar en el exterior que se conocieron a partir de la filtración conocida como Panamá Papers y que salpicó al propio presidente, a su entorno más cercano y a numerosos funcionarios del gobierno de Cambiemos.
La ley de blanqueo prevé además el secreto fiscal lo que permitiría a los familiares de los funcionarios exteriorizar sus activos no declarados sin que sus nombres se hagan públicos.
