A menos de una semana del fin de la segunda etapa de la cuarentena, el Gobierno estudia cómo administrará la continuidad del distanciamiento social obligatorio, mientras busca un equilibrio que permita a distintos sectores de la economía volver paulatinamente a la actividad.
El modo «cuarentena administrada» ganó peso en los últimos días y, con la ampliación de las actividades permitidas, se perfila para ser un esquema que perdure más allá del 26 de abril.
Este lunes el ministro de Salud, Ginés González García consideró que el resultado general del distanciamiento social «fue bueno». «Estamos ampliando la capacidad de nuestros recursos institucionales, tenemos una capacidad ociosa del 30% en clínicas y un 50% en terapia intensiva, y esto ha sido posible porque con la cuarentena hemos administrado mejor los casos«, aseguró
El Gobierno busca hacer un equilibrio entre los dos frentes que implica la pandemia: el sanitario y el económico. Aunque el Poder Ejecutivo siempre aclaró que «la prioridad es la salud», también quiere evitar que la extensión de la cuarentena tenga un impacto pronunciado y prolongado en la actividad económica.
El paquete de medidas que implementó el Gobierno desde mediados de marzo tiene un costo fiscal de $850.000 millones, un equivalente al 3% del Producto Bruto Interno (PBI), informó este lunes el ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas.
El equipo económico tuvo que modificar sus planes sobre la marcha, ya que en primer lugar diseñó un programa de medidas para una cuarentena pensada para 10 días y que se podía extender hasta 20 o 25, pero que ya superó el mes y que se extenderá incluso más tiempo, según lo determine el Ministerio de Salud, explicó el jefe de la cartera productiva.
En ese frente económico el Gobierno buscó una serie de medidas que apuntan a reforzar los ingresos de sectores que se vieron afectados directamente por una caída en la actividad, y por otro asistencia financiera a empresas para que puedan pagar los salarios.
En ese primer aspecto, lo más importante fue -luego de distintos refuerzos de AUH y jubilaciones en marzo-, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que será cobrado por 7,8 millones de personas. El 60% de ellas son empleados no registrados. También incluye a las categorías A y B del monotributo.
Para los monotributistas de categorías a partir de la C y para autónomos, el Gobierno anunció este lunes créditos a tasa cero. Los trabajadores de esos regímenes podrán acceder, de acuerdo a ciertas condiciones, a un monto proporcional a su facturación.
Anses pagará esa suma en forma de saldos a favor en la tarjeta de crédito -que podrá ser usado tanto para abonar resúmenes de ese plástico como para consumos- en tres cuotas iguales. La devolución comenzaría en octubre y en 12 cuotas sin interés, subsidiado enteramente por el Estado.
Según pudo saber TN.com.ar, una de las condiciones que pondrá el Gobierno para otorgar estos créditos será que ese dinero no pueda ser usado para canalizar al ahorro en dólares. Así, se les prohibirá a quienes sean beneficiados de los préstamos comprar divisas en el mercado cambiario o en el financiero, a través del dólar Bolsa o el contado con liquidación.
Para las empresas, el Estado reabrirá este jueves 23 de abril el registro para anotarse al programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que gestiona la AFIP. A ese plan ya se inscribieron 420.000 empresas (el 75% del total) para recibir ayuda del Poder Ejecutivo para pagar salarios.
Habrá distintas formas en que el Ejecutivo concretará esa asistencia. Podrá ser por medio de un diferimiento o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales sobre el salario, a través de ayuda directa con fondos para pagar parte de los sueldos o por medio del salario complementario, que será una suma equivalente al 50% de las remuneraciones cobradas en febrero para empleados de rubros impactados.
Agregar Comentario