El día «D» de la reestructuración de los bonos tiene lugar este viernes cuando termine el plazo de negociación entre el Gobierno y los acreedores para llegar a un acuerdo, realizar el canje y evitar así un default de la deuda soberana argentina.
La propuesta de pago, que incluye un plazo de gracia de tres años y una quita de intereses de 62%, cosechó en las últimas semanas apoyos y rechazos entre los bonistas. El Gobierno se guarda una carta para extender eventualmente el diálogo dos semanas más.
De todas formas, el calendario original de reestructuración implica que este viernes por la tarde se dará por finalizada la recepción de respuestas por parte del equipo económico. Una vez que recopile los respaldos y las negativas, podría comunicar el resultado de la negociación este lunes 11.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que un sector de los acreedores dieron su aval para aceptar la oferta, aunque no sería suficiente para alcanzar las mayorías necesarias para «derramar» la propuesta sobre todos los bonistas.
Un grupo de acreedores se mantiene aún con una posición dura de rechazo a la propuesta de pago. Reclamaron en los últimos días negociaciones de «buena fe» y demandaron una oferta distinta que tenga una quita menor.
Uno de los puntos centrales de discusión entre las partes tiene que ver con el plazo de gracia. Guzmán admitió que la idea inicial del Palacio de Hacienda fue implementar cuatro años sin pagos, pero que cedió y redujo ese lapso a tres años como prenda de negociación. Como referencia, Guzmán recordó que el FMI incluso llegó a recomendar un paréntesis de cinco años sin abonar deuda en dólares.
Los bonistas consideran que ese plazo es muy largo y reclaman que no se capitalizan intereses por ese plazo de gracia. Es decir, no hay un «premio» posterior por tener que esperar tres años a volver a cobrar. Además, creen que las tasas de interés que empezaría a pagar el Estado desde 2023 –0,5% anual– son muy bajas.
El jefe del equipo económico remarcó esta semana que la oferta no es intocable. Afirmó en la Universidad de Columbia que el Gobierno podría aceptar cambiar la propuesta siempre y cuando «respete los principios de la sostenibilidad de la deuda».
Más allá de la discusión técnica, el Gobierno logró darle un tinte político a la negociación desde el primer minuto. El anuncio de la oferta fue realizado por Guzmán en compañía de todos los gobernadores provinciales. Incluso los mandatarios opositores dieron su visto bueno.
Además, el Congreso había sancionado una ley que autorizó la negociación, con apoyo casi unánime en ambas cámaras. Y en los últimos días, el ministro reunió además el apoyo de empresarios, gremios y académicos internacionales.
Este jueves el ministerio de Economía consiguió realizar un canje de Letes y del bono AF (dual) por bonos en pesos a más largo plazo. Así, despejó el horizonte de pagos por U$S1836 millones.
La cuenta regresiva antes del default sigue corriendo. Si no hubiera acuerdo con los acreedores, el 22 de mayo el Gobierno debería pagar U$S500 millones de un vencimiento no abonado el 22 de abril. En caso de que no girara esos fondos, el país caería en cesación de pagos y abriría la puerta, nuevamente, a un conflicto judicial en tribunales extranjeros.
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