El gobierno acusó que hubo «aprietes e intimidaciones»

Fuente: TN

El viceministro de Justicia Juan Martín Mena cuestionó este martes la decisión de la Corte Suprema de dar curso al recurso de per saltum al plantear que hubo “aprietes e intimidaciones” que hicieron que el máximo tribunal hiciera uso de “una herramienta excepcional” que no se aplicó ante otros casos. “Desconozco cuál es el ‘gravedómotro’ que usan para responder”, ironizó en diálogo con TN.

“Hace unos cuantos días denunciamos ciertos aprietes e intimidaciones que venía sufriendo la Corte para acelerar esta cuestión”, aseguró. “La decisión nos va a dar la posibilidad de saber cuanto antes cuál es la interpretación definitiva de esta cuestión y, sobre todo, si tenemos un máximo tribunal que respeta la constitución y los poderes del Estado o si se maneja conforme una agenda de presiones que se fija desde otro lado”, planteó.

Para el segundo de Marcela Losardo, es “llamativo” que la Corte haya hecho uso de “una herramienta tan excepcional que registra un solo antecedente reciente en una cuestión sobre la corporación judicial”. “En los últimos cuatro años denunciamos todo tipo de violaciones de mucha gravedad en las que casi se quisieron llevar puesta la constitución”, señaló.

En cuanto a esas denuncias, sostuvo: “Se realizó un espionaje sin precedentes en el cual se intervino teléfonos. Esas escuchas, que dependían de la Corte, se pasaban por televisión en el horario prime time. También se llevó a cabo una persecución por vía del poder judicial sin precedentes. De todo eso no dijo nada».

“Esas cuestiones pareciera que no revisten gravedad institucional, sin embargo, cuando se habla del funcionamiento del propio poder judicial, en el cual estamos remediando una irregularidad en la designación de jueces a dedo cometida durante el Gobierno anterior, hacen uso de esta herramienta”, continuó. “Desconozco cuál es el ‘gravedómetro’ que la Corte usa para responder”, ironizó.

Consultado acerca de las “presiones” ejercidas sobre el máximo tribunal, Mena afirmó que provienen de “grupos de medios y sectores de la oposición”. “No puede pasar por alto que, hace 20 días, la dirigente Elisa Carrió amenazó a Ricardo Lorenzetti diciéndole que ‘pronto no iba a poder caminar por Rafaela’”, señaló.

En esa línea, cuestionó: “¿Creemos que no hubo ningún otro tema que genere gravedad institucional en los últimos cuatro años como para que la Corte aplique este mecanismo? Si apelamos a un poco de honestidad intelectual, hay problemas más graves en nuestro país de los que la Corte no se hace eco”.

Analizó que “algunos miembros de la Corte son influenciables” y que, aunque la decisión de dar curso al per saltum fue unánime, “los fundamentos fueron distintos”. “No estoy opinando si esta resolución está en línea con lo que quiere el Gobierno, el fondo del asunto no está resuelto. Lo que estoy dando es mi opinión respecto de por qué la Corte apeló a un mecanismo procesal que es de suma excepcionalidad”, concluyó.

El caso

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli fueron removidos de sus cargos luego de que el Senado rechazara sus, que se llevaron adelante durante la gestión de Mauricio Macri.

Bruglia y Bertuzzi integraban la Cámara Federal porteña y Castelli formaba parte del Tribunal Oral Federal 7 que, entre otros casos, debe juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. El oficialismo los removió y ordenó que regresen a sus tribunales de origen.

Además, cuestionó el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías y que faltó la aprobación del Senado.

Para la oposición, por el contrario, se trata de una maniobra de “impunidad” ya que los camaristas habían fallado contra Cristina Kirchner.

En sus presentaciones, Bruglia, Bertuzzi y Castelli objetaron la revisión de sus traslados, señalando que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes y recordaron que una acordada de la propia Corte Suprema los avala. Los jueces que investigaron a Cristina Kirchner también consideraron que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados de sus cargos con una resolución judicial