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El Fiscal de Estado de Tucumán habló sobre el fraude cometido por los tres ex jueces de Santiago

Daniel Leiva, brindó una conferencia de prensa con el fin de explicar el fraude cometido por los tres ex jueces de Santiago del Estero, Ramón Tarchini Saavedra, María Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno.

En el día de ayer el Fiscal de Estado de la provincia de Tucumán, Daniel Leiva, brindó una conferencia de prensa con el fin de explicar el fraude cometido por los tres ex jueces de Santiago del Estero, Ramón Tarchini Saavedra, María Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno, que en conjunto con el empresario Luis Manuel Pericás, trabaron embargos por 10 millones de pesos sobre los fondos de coparticipación de Tucumán.

“Esto nunca debería haber ocurrido, ni el dictado de embargo ni mucho menos la orden de retirar el dinero por parte de personas que no estaban facultadas para hacerlo”, comenzó diciendo Leiva.

«Asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y prevaricato», son los delitos por los que la Fiscalía de Tucumán denuncia a los tres ex jueces. Vale destacar que además se ha denunciado a las secretarias judiciales Zaída Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suarez y Blanca Luz Diaz por las mismas causas menos prevaricato y más denegatoria en el pedido de retardo de justicia y fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto Pericas y sus abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suarez son denunciados por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.

Todo inició cuando Mario Fabián Nahas, asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, realiza una presentación donde destaca la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Luis Pericas en contra del Gobierno de la provincia de Tucumán por “delitos a establecer”.

Según lo expuesto por Leiva, el año pasado comenzaron a recibir en la Fiscalía las primeras pistas de todo el montaje que pusieron en marcha los ex magistrados junto al titular de radio LV7. Estrategia llevada a cabo con el fin de evitar cualquier tipo de embargo o gravamen sobre el dinero que llegase a recibir Pericas.

Se reveló que durante la feria judicial, el pasado 28 de enero, Martínez Llanos embargó 4 millones de pesos a la provincia de Tucumán bajo la caratula «delitos a determinar». Frente a esto Leiva manifestó, “como Fiscalía tuvimos una inmediata reacción: recurrimos la medida, presentamos pedidos de levantamiento de embargo y autos a la vista. Sin embargo, el expediente nunca fue puesto a nuestra disposición. Luego de mucho insistir en vano, nos llegó otro embargo de poco más de dos millones de pesos, proveniente de otro juzgado y firmado por otro juez, con el mismo motivo: ‘delitos a determinar’. A fines del mes de junio entró un último embargo que ya escapa a cualquier previsibilidad: una manda para la provincia de pagar 715 mil pesos mensuales ‘sine die’, es decir, sin término final, y nuevamente sin acceso a los expedientes”.

Del los 10 millones de pesos que los ex jueces habían embargado, se determinó que lograron cobrar casi siete millones sin que existiera sentencia firme, ni motivo legal que los habilitara, aseguró Leiva y agregó que todo ese dinero fue transferido a 3 cuentas que habían sido abiertas especialmente para cada caso a las órdenes de los juzgados como pertenecientes a esos expedientes. «Sobre esas cuentas se libraron las órdenes de pago y se transfirieron las sumas de dinero, con un alto grado de irresponsabilidad», dijo al respecto.

Como era de prever la Fiscalía de Tucumán hizo llegar el escándalo hasta las autoridades judiciales de Santiago del Estero, «a quienes tenemos que destacar por estar a la altura – tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Consejo de la Magistratura – y tomar inmediata intervención al tener conocimiento”, indicó Leiva. “Dispusieron la inmediata citación de los magistrados y la apertura de un juicio político casi por unanimidad. Esto ocasionó que el día sábado presentaran la renuncia, al no tener ningún argumento valedero para sostenerse», agregó.

Luego el Fiscal habló sobre Pericás, quien se encuentra prófugo y se ha dictado un pedido de captura nacional e internacional en su contra, “él es quien armó primero su blindaje para que las sumas que obtuviera de cualquier manera no pudieran ser afectadas y, lo que es más, desde dos de los juzgados se hicieran transferencias bancarias hacia sus cuentas. Además, en dos de esos pagos hubo libramientos de órdenes de pago en procesos donde los jueces que los ordenaron ya se habían desprendido de la causa”.

La Fiscalía jamás pudo tener a su disposición los expedientes, por ende no se pudo determinar qué posibilitó esas extracciones. Y es que si se tratara de reclamos relacionados con pauta publicitaria como se comenta, no se explica que se haya dirimido en sede penal. Tampoco hay motivos para que, si es un caso de reclamo civil o comercial en la provincia de Tucumán, se lo reclamara en Santiago del Estero. “Es solo porque allí se había montado el andamiaje, porque allí se radica el grupo de personas que lo armó”, explicó el fiscal.

“Pericas formó un iter críminis (camino del crimen) bastante largo para lograr este resultado. Si como Estado provincial hubiésemos tenido cualquier deuda, nos deberían haber puesto en conocimiento en la jurisdicción tucumana, si es que ameritaba un reclamo judicial, y no en una extraña jurisdicción, en un extraño fuero y con un fundamento desconocido, porque el caso está tan cerrado que no podemos acceder a eso”, expresó Leiva y completó “los jueces que recibieron la denuncia y vieron los domicilios de los denunciados y la materia se deberían haber declarado incompetentes”.

“Tiene que avanzar la fase investigativa que está en manos del juez del Crimen de Santiago del Estero Darío Alarcón, quien tendrá que deslindar responsabilidades porque es un tema bastante complejo e indolente. Pretendieron afectar al Estado de la provincia de Tucumán, tomando dinero que no les corresponde y nosotros como Fiscalía tenemos que defendernos, como lo hicimos desde el primer momento”dijo con respecto a la continuación de la causa.

En alusión a la restitución de los fondos, Leiva aseguró que este jueves se presentará un pedido para la inmediata remisión de los casi 3 millones de pesos que quedaron en los bancos, y con relación a los 7 millones que fueron cobrados, se librarán intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan.

“Primero debemos agotar esa vía; si no obtenemos respuesta por ese lado, tendrá que responder el Poder Judicial de Santiago del Estero en base al principio de responsabilidad por el depósito del dinero que ellos tienen”, concluyó.

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