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El Consejo de la Magistratura comienza a debatir el avance del Gobierno contra diez jueces federales

El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales, comenzará hoy a debatir el pedido del Gobierno nacional para revisar el traslado de 10 magistrados -la mayoría realizado durante el mandato de Mauricio Macri- que fueron señalados de no cumplir los requisitos legales.

La discusión comenzará hoy a las 10 horas cuando vía Zoom se reúna la Comisión de Selección del Consejo, presidida por la diputada peronista Graciela Camaño, quien podría tener el voto clave en la discusión final. Las fuentes consultadas por Infobae coincidieron en señalar que en la reunión de hoy no habrá ninguna definición sobre el tema, sino que será el inicio de una discusión que puede durar varias semanas.

A la reunión se llega con una nota que presentó ayer a última hora en la comisión el diputado del PRO Pablo Tonelli para rechazar el pedido de revisión de los traslados que hizo la semana pasada Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. “Cuestionar ante la comisión actos administrativos regulares, válidos y legítimos, dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de la manera en que el consejero lo ha hecho, y pretender que la comisión y luego el plenario dictaminen o se pronuncien acerca de esos actos, constituye una afectación al Estado de Derecho y resultaría un exceso en las atribuciones que tiene esta comisión en particular y el organismo en general”, sostuvo Tonelli en su nota.

 

El diputado agregó que revocar los traslado “podría generar la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

El traslado de un juez significa que un magistrado es llevado de su tribunal de origen a otro al que solicitó ir. El pedido lo hace ante el Consejo que recomienda o no el pase. Luego lo aprueba el Poder Ejecutivo con un decreto. El traslado lo que permite es completar una vacante rápidamente porque se evita el concurso público que dura años pero deja otro lugar libre.

Los traslados que el Gobierno objetó son de 10 jueces. Se tratan de: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Todos son magistrados federales que investigan causas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Los más destacados son Bertuzzi y Bruglia porque integran la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se revisan las investigaciones de corrupción de funcionarios públicos. Fueron los magistrados que tuvieron la causa de los cuadernos de la corrupción y fueron trasladados de un tribunal oral a la Cámara. También está Castelli, que integra el tribunal oral que juzgará la causa de los cuadernos y Villena, quien fue apartado de la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.

 

Considero necesario y oportuno que este Consejo de la Magistratura fije parámetros claros y precisos sobre el instituto del traslado de magistrados del Poder Judicial de la Nación. Ello, con el claro propósito de echar luz y conferir al Poder Ejecutivo de la Nación directrices certeras a partir de las cuales podrá examinar acabadamente el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos en las solicitudes de traslados que se someten a su consideración así como los procedimientos que deben observarse conforme a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”sostuvo Ustarroz en su presentación de la semana pasada.

 

Los traslados tienen varias objeciones pero la principal es que se hicieron sin aval del Senado Nación. La Constitución Nacional establece que la Cámara Alta es la que designa a los jueces. También se objeta que en algunos casos no se respetó la jurisdicción (la ciudad para que la originalmente el juez fue designado), en otros la competencia (la temática judicial para la que fue elegido) y en algunos ambas cosas.

 

Antes del debate que comenzará hoy ya hubo cruces entre los integrantes del Consejo. “El planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. Los traslados se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial”, sostuvo Tonelli. Por su parte, el juez y presidente del Consejo, Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo afirmó: “Hubo designaciones que no son legales; no es el procedimiento adecuado para designar jueces. Quizás quienes hoy defienden a ultranza la estabilidad de esos magistrados, deberían preguntarse por qué el gobierno anterior no les pidió el acuerdo para estos jueces. Se dice que hay un intento de sacar jueces independientes; yo no sé si son independientes, pero lo cierto es que no pueden suplir con el paso del tiempo un vicio de origen.

 

La discusión se iniciará hoy pero tendrá un camino hasta llegar al plenario del Consejo, donde se definen todos los temas. El cuerpo está integrado por 13 miembros. Las fuerzas políticas se dividen en seis votos para el oficialismo y seis para la oposición. El voto clave es el de Camaño. “No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”, dijo la diputada.

 

Si el tema llega al plenario habrá una discusión reglamentaria pero que será clave: ¿con cuántos votos se puede revisar el traslado de un juez? El oficialismo dice que con siete, la oposición que con nueve, un número al que el gobierno no llega.

El Consejo pueda decir si los traslados estuvieron mal o bien. Pero no definirá el tema. Los opciones del oficialismo es luego derivar el tema al Poder Ejecutivo para que defina si los revee o si le pide opinión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los analice jurídicamente.

 

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