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Diputados Nacionales se hicieron eco de lo sucedido en Añatuya

 

Un grupo de 29 diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron hoy informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la notificación recibida por la doctora Mariela del Pilar Cegna en la localidad de Añatuya, en Santiago del Estero, a través de la cual la policía local la notificó sobre la difusión de la marcha nacional de médicos del sábado pasado en sus redes sociales personales.

El proyecto de resolución presentado por la oposición solicita al gobierno que “indique si ha tomado conocimiento sobre este hecho, y dé cuenta si el accionar de la policía local se encuentra enmarcado en las tareas de ‘vigilancia y ciberpatrullaje en las redes sociales para detectar el humor social’”, mencionado por la Ministra de Seguridad Frederic.

Natalia Neme, referente de la UCR y Juntos por el Cambio en Santiago del Estero remarcó la importancia de lo presentado por los Diputados y de que el PEN detalle bajo qué normas se encuentra enmarcada la restricción a la libertad de expresión y protesta, su temporalidad específica y los fundamentos constitucionales así como cuáles son las alternativas que el gobierno propone para que la ciudadanía exprese sus opiniones, disidencias y/o desacuerdos.

Es muy preocupante lo ocurrido con Mariela y también la manera intimidatoria con la que fueron identificados los médicos de la Provincia en el marco de una manifestación pacífica, según los numerosos videos que así lo acreditan en las redes sociales”.

Asimismo, Neme resaltó que “hubo muchos reclamos de usuarios de redes sociales cuyas cuentas fueron bloqueadas por haber publicado opiniones disidentes a la oficial.

Finalmente, exhortó en relación a la cuarentena: “Sigamos cuidándonos, saliendo de la cuarentena de una manera responsable e inteligente, pero reforcemos las libertades de expresión y de manifestación garantizadas en la Constitución Nacional y Provincial”.

Por su parte, en el Proyecto de Resolución mencionado los Diputados Nacionales solicitaron precisar si en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto 297/2 se encuentra suspendido el derecho a la libertad de expresión y a la protesta enmarcados en la Constitución Nacional, y en múltiples tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Karina Banfi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Facundo Suárez Lastra, Fabio Quetglas, Sebastián Salvador, Marcela Campagnoli, José Luis Patiño, Mónica Frade, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Adriana Cáceres, Eduardo Cáceres, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Roxana Reyes, Estela Redigor, Juan Martín, Luis Pastori, Carlos Fernández, Ximena García, Carla Carrizo, Atilio Benedetti, Lidia Ascárate, José Luis Riccardo, Lorena Matzen, Alejandro Cacace y Gabriela Burgos, entre otros.

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