Finalmente, tras varias horas de debate, llegó la media sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes.
Dicho esquema se extenderá por tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres, aunque el plan del gobierno actual es pagar en dos años la deuda con 2,4 millones de jubilados.
De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la ANSeS pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
La pauta de recaudación de dicha iniciativa que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de dólares, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional, que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mal liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
