La dura declaración de Marisa Figueroa, una de las productoras que se animan a resistir el avance ilegal sobre sus tierras en el monte santiagueño
¿Por qué te fuiste de Buenos Aires al monte santiagueño?
—Era 2018 y andábamos en sulky con mi tío Víctor. Hacía mucho tiempo que no recorría los parajes y noté algo nuevo: mucho monte alambrado. “Todo ese monte que ves allá es de un doctor, y el otro también es de un doctor. Cuando usted pueda, m’ija, cierre su campo. La tierra que está más allá es de los Gramajo, y en aquella otra vive un ampalao”, dijo mi tío. Ese instante es una de las postales de mayor aprendizaje y emocionalidad de mi vida porque la “vecina” del campo lindante era una lampalagua –en porteño, una boa gigante–. Desde entonces me pregunto quiénes han instalado tan elevado código de convivencia. ¡Y yo que me creía ambientalista!
Ese incremento de montes alambrados se asociaba a usurpaciones?
—Totalmente. La usurpación es un fenómeno vertical en esta provincia, donde la división de poderes no existe y ningún juez llega a su cargo por concurso. Acá te puede usurpar el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo López Alsogaray –-aduciendo ser heredero de un paraje entero, porque su tataratía poseía una merced real del 1600– aunque tengas título perfecto y posesión dominial por cinco generaciones, como le sucedió a la familia de don Manuel Ardiles en Chaguar Punco. O llega el escribano Elio Curet, de vínculos estrechos con la Casa de Gobierno y, en complicidad con el comisionado municipal, levanta una vivienda social para un puntero político en un extremo de tu propiedad, mientras sus peones entran topando árboles añejos y haciendo acequias clandestinas. Ese es mi caso y el de tantos vecinos del Departamento Robles. Estos nuevos “dueños de la tierra” por lo general son funcionarios, ex intendentes, diputados o escribanos que, con acceso directo a la información de catastro y rentas, escrituran miles de hectáreas a su nombre o de testaferros. El Departamento Copo es famoso por eso. Un ex intendente de Monte Quemado y diputado por décadas, Carlos Hazan, avanza y vende tierras a través de testaferros. Allí el caso de las tierras de don Antonio Chomo Díaz en El Caburé es emblemático, pero también ya se están apropiando de parte de la reserva natural.
Y las organizaciones campesinas como el Mocase, ¿qué papel juegan?
—Ese es un tema tabú. A mí me costó comprender su devenir. El movimiento campesino de Santiago del Estero, que surge en los 80 y se organiza con valentía en pos de la reivindicación de derechos en los tiempos bravos del juarismo, hoy es parte del gobierno. Si bien en esta etapa del proceso están divididos en dos ramas, Mocase y Mocase Vía Campesina, ambas cuentan con funcionarios en el Estado provincial y en el nacional, por lo que su trabajo territorial no es diferente al del resto de los movimientos que conocemos, como el Evita, el MTE, etc. Todos son parte del aparato electoral del oficialismo. El Vía Campesina, en particular, se convirtió en el principal actor del despojo del campesinado en muchos departamentos del sur de la provincia. Actúa con una violencia inusitada: tipos armados, en banda, con estrategia, logística, financiación y prensa propia para sus campañas de propaganda falsa; campañas que la mayoría de las veces son acompañadas por los medios alternativos de Buenos aires, lo que genera la solidaridad automática de varios organismos de derechos humanos. Estando a más de 1.300 kilómetros, se han estancado en la idealización, muchos –que no me contestaron más el teléfono– creen que el Mocase es comparable con el zapatismo. Nada más lejos. No solo no rechazan al Estado, sino que viven de él y se lo disputan. Aclaro además que no estoy generalizando a la organización, mucho menos a las personas que, como contraprestación a los planes que reciben, deben Ir a usurpar tierras de sus propios vecinos. Se trata de una dirigencia canalla que jamás tuvo tierra en las uñas, que por lo general ni siquiera son de Santiago, pero se autopercibe vanguardia iluminada y comanda usurpaciones de tierras campesinas para su proyecto político. El año pasado, los vecinos del Departamento Aguirre habían contabilizado más de 18 mil hectáreas usurpadas por esta organización.
¿A qué se debe este avance sobre las tierras de campesinos tradicionales?
La cuestión de la tierra en Santiago del Estero tiene un punto de inflexión en la transgénesis. A nadie le seducía “el monte santiagueño”, pero desde que la semillita modificada tiene la capacidad de brotar en medio de un salitral, desde Buenos Aires comenzaron a comprar por teléfono miles de hectáreas. Y aquí es donde no podemos evitar preguntarnos quiénes son los que “venden” tierras con habitantes tradicionales adentro que constitucionalmente tienen derechos posesorios, sea con o sin título de propiedad. O por qué se lanzan grandilocuentes programas de regularización dominial para campesinos (con direcciones, secretarías, fiscalías especializadas en conflictos de tierras, organizaciones financiadas para tales fines) y en más de siete décadas no solo no se concretan, sino que se incrementa la usurpación de tierras rurales con familias adentro.
—¿Y tu vuelta para defender tus tierras cómo fue exactamente?
—Para frenar la usurpación, me “instalé” en un rancho abandonado. La vivienda más cercana estaba a dos kilómetros. Ni luz ni gas. Hacer fuego para todo. El agua había que acarrearla. Olores, sabores, ruidos, flora y fauna. Todo se me imponía y ponía en evidencia mi ignorancia. No me quedó otra que enfrentar uno de los miedos que arrastraba de niña en las pesadillas: las víboras. Aunque recibí la instrucción de mi abuela cuando salíamos a cosechar, no lo podía superar. Hasta que una tardecita conversábamos con don Marico Gramajo sobre los miedos. En su libreta de enrolamiento acusa 90 añitos, pero lo anotaron como cinco años tarde. Aún monta a caballo. Su sentido común le sugería que mi mayor temor sería a las represalias por las denuncias de “alto voltaje” que venía haciendo sobre las usurpaciones, temores bien fundados, claro. Pero cuando le confesé que mi mayor –e irracional– temor es encontrar una víbora, rompió en carcajadas. Supe lo errada que estaba solo de verlo reír. Dijo: “Y a usted qué le hace pensar que ella se quería encontrar con usted? ¿Usted se asusta? ¡Ella también!”. ¿Acaso algún pedagogo puede superar la técnica de este sabio anciano del monte? Conversar en la ruralidad es todo un arte.
¿Tuviste que soportar aprietes?
—Varios. Directos, indirectos, con camionetas. Amenazas con machetes. Creo que me salvé porque filmaba. Dos años de hostigamientos constantes. Amenazaron a mi abogada y me colgó. Las escribanías no me querían firmar un poder para litigar con este escribano usurpador: “Me quedo sin trabajo” se justificaban. Rápidamente armamos una página en Facebook, llamada En Defensa de la Vida Rural.
—¿Y la Justicia?
Colaborando con comunidades indígenas, conocí Formosa. Creí que era un feudo insuperable hasta que comencé a transitar las dependencias de la Justicia santiagueña. El Ministerio Público Fiscal, como se dice ahora, es un oxímoron. No es público, el ciudadano común no tiene acceso. Sobre todo si es un campesino humilde. Ese campesino no vuelve más, porque tuvo que dejar sus animales para trasladarse en sulky o moto hasta el pueblo. Esperar una hora el colectivo hasta la capital y no le tomaron la denuncia. Van quebrando la autoestima de la gente, hasta que abandonan los reclamos por sus tierras. Tampoco se ejerce la tarea de fiscalizar. Tengo cuatro IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) en curso desde marzo de 2019. La penúltima por daño a la propiedad, intrusión, robo y amenazas. La IPP 4985/2020 la tiene la fiscal Jaqueline Macció. Si ella hubiese realizado su tarea, el delito de usurpación no se habría concretado. Hoy está a cargo el fiscal Alvaro Yagüe, que tampoco avanza. Santiago es una zona liberada para la usurpación.
—¿Y para qué se apropian de tanta tierra?
—Creo que detrás de la “ambición” –ponele– de los funcionarios que avanzan sobre tierra campesina existe implícitamente la necesidad de eliminar al campesino como sujeto histórico. Ese hombre sencillo pero poderoso, que produce lo que consume y por eso cría dos hijos o diez hijos (cuando no se agrega algún “entenao” que quedó huérfano) y que conoce con qué planta va a frenar sus hemorragias y combatir sus infecciones. Ese agricultor que no necesita ni del INTA ni de Monsanto, como tampoco de los académicos agroecológicos. Los Carrizo me hicieron probar melones de su cosecha, un sabor único. Pero, además, como estamos en una comunidad campesina, me regalaron su semilla, la que guardan cosecha tras cosecha, como hacían los abuelos. ¿Existe algún actor más antisistema que un campesino?
Para cerrar, explicame con más detalles esto de ser campesino hoy y ser antisistema.
—Vienen despojando de sus tierras a los últimos agricultores y crianceros que son testimonio de que existió otro país. El acervo cultural de estos hombres y mujeres nos hizo alcanzar en el mapa mundial el lugar de potencia. Y ese testimonio tira por la borda el relato sobre nuestro rol de “dependientes y subdesarrollados”. Están matando lo que queda de esas generaciones porque son gente de arraigo a la tierra y a su historia familiar. Sea cual fuera la forma del desalojo los conducen al hacinamiento y a la dependencia de los planes para que dejen de tener autonomía. El más obsceno de los absurdos es que, en esta provincia de dimensiones abismales, se promuevan las villas miseria alrededor de los pueblos. En Beltrán, en la Villa Arroyito, hay campesinos expulsados de la ruralidad que consiguieron traerse, por ejemplo, alguna chancha. Y entonces conviven, en diez metros cuadrados, padres, hijos, perros y la chancha con sus chanchitos en un charco en la vereda a modo de chiquero. Las usurpaciones son la tragedia y la extinción de la vida rural.
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