Ante la negativa de la mayoría de los acreedores de aceptar la última oferta de canje que hizo el Gobierno hace poco menos de un mes, el Gobierno decidió patear el tablero y amenazar con retirarse de la negociación y pasar a una nueva etapa en la reestructuración de la deuda: iniciar las tratativas con el FMI.
El ministro Martín Guzmán blandió este domingo esa posibilidad al afirmar que no está definido si se extenderá el plazo de aceptación de la oferta que se vence este martes. Una posibilidad era prolongarlo hasta el 28 de agosto.
Pero el estado de situación de la negociación, en que un grupo mayoritario de bonistas consiguió una posición «bloqueadora» de algún acuerdo parcial como analizaba Hacienda y que exige una última mejora económica a la propuesta, forzó a Poder Ejecutivo a lanzar una advertencia.
Blackrock comunicó la semana pasada a Guzmán que el comité de acreedores que lidera había logrado reunir más de la mitad de los tenedores de la deuda argentina pendiente de reestructuración. De esa manera, el fondo se aseguró que sin un acuerdo con su grupo, no hay posibilidad de que prospere el canje.
«No podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda», dijo Guzmán a modo de ultimátum.
De esta manera, aceleraría con un acuerdo con el principal acreedor del país -el Fondo Monetario- y dejaría para 2021 el cierre del canje con los bonistas. Los fondos de inversión, a su vez, se verán en la disyuntiva de esperar sin nada en las manos o acudir a tribunales extranjeros a cobrar mediante juicios, una opción que -lo saben las dos partes- requiere paciencia y mucho dinero.
El paso a paso en la negociación: cómo se llegó a esta situación
Abril
El 17 de abril, tras algunas semanas de negociación, el Gobierno lanzó públicamente con un amplio respaldo político interno la primera oferta de reestructuración. Se trató de diez bonos -en dólares y en euros- con vencimiento desde 2030 hasta 2047.
La propuesta incluyó un plazo de gracia sin realizar pagos de tres años y una quita de intereses de 62%. La oferta tuvo una etapa de negociación de 20 días que fue extendido hasta finales de mayo, cuando el Gobierno afrontó su primer evento de impago de la deuda bajo ley extranjera.
El rechazo de los bonistas a la primera oferta -que rondaba los 40 dólares por cada 100 de deuda- fue unánime. Los fondos consideraron que se trató de una propuesta inconsulta e invitaron al Gobierno a «abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación».
Mayo
Con un nivel de aceptación bajo de la oferta, que no alcanzó el 20% según fuentes extraoficiales, el Gobierno se vio en la necesidad de rehacer la propuesta con una mejora económica.
Los acreedores, a su vez, se movieron para realizar contraofertas. De todas formas, su pretensión aún estaba lejos de lo que había ofrecido la Nación: exigían más de 60 dólares por cada 100 para dar su respaldo. El 22 de mayo el país entró en el octavo default de su historia.
A fines de mayo el Palacio de Hacienda publicó una segunda oferta. El valor de la propuesta pasó de los 40 dólares por cada 100 a 47 dólares. El FMI apoyó la medida y consideró que no había más margen para mejorar económicamente la propuesta.
Junio
A esta altura y al mismo tiempo que el Gobierno cedía miles de millones de dólares para realizar una segunda oferta, los bonistas achicaban sus pretensiones y las dos puntas se acercaban.
Además de las distancias económicas, comenzaron a surgir las diferencias legales. El eje de la discusión rondó una de las cláusulas del canje, que los bonistas consideraron que implicaban una menor protección legal para los inversores en el futuro.
A mediados de junio, Guzmán activó una tercera propuesta de renegociación. En términos generales, el valor de la oferta fue de 50 dólares, con un menor plazo de gracia, mejores cupones y menos quitas de interés.
Julio
Blackrock se afirmó como el principal fondo de inversión que se mantenía reticente a aceptar las mejoras en la oferta y presionó por más. Un grupo de acreedores relevantes ya habían llegado a un acuerdo informal con el Gobierno.
El Palacio de Hacienda lanzó el 5 de julio la cuarta propuesta de pago. Tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández se encargaron de aclarar en todo momento que se trataba del «último esfuerzo» que podía hacer el país para mejorar económicamente su oferta. El FMI apoyó el nuevo ofrecimiento.
El comité de bonistas, además, sumó fuerzas y logró bloquear un eventual canje minoritario. Además, Blackrock y compañía realizaron una nueva contraoferta. El Gobierno mantuvo hasta último momento la expectativa sobre mantener la negociación en marcha o pasar a una nueva etapa de conversaciones con el FMI, con el que el Ejecutivo buscará reprogramar la devolución de U$S45.000 millones.
Agregar Comentario