Política

Debate por el mega DNU en el Congreso Nacional

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27 anula 19 leyes y modifica 140. Se trata hoy en comisión e incluye cambios y la eliminación de regulaciones en diversas materias. Desde el uso de cuatriciclos, la actividad portuaria, la ley de sociedades, la aviación civil, marcas y patentes, energía, administración de bienes del Estado, seguros, trabajo no registrado. Además, el decreto habilita al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses a realizar operaciones financieras, como crear fideicomisos y a operar dentro el mercado financiero. El debate comienza en el Congreso a las 15:30.

Uno de los temas en discusión se vincula a que se considera improcedente abrir el debate en sesiones extraordinarias y a través de un decreto, aún cuando se establece el compromiso de debatir en sesiones ordinarias las cuestiones que no supongan acuerdo durante el tratamiento en la bicameral.

Graciela Camaño, por el massismo, presentó un recurso judicial, que se habilitó legalmente el jueves último, para frenar el decreto. La diputada nacional argumenta que se otorga al ejecutivo atribuciones que antes no tenía: “alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes”

La diputada Camaño afirmó que el decreto “es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia y hay una preocupación muy grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no sólo sobre los pedidos de créditos, sino sobre las boletas de servicios”. Desde el oficialismo argumentaron que la embargabilidad de las cuentas sueldo para el pago de créditos sólo afecta a una parte del monto acumulado en la misma, cuando el trabajador posea ahorros.

Mariano Recalde cuestionó en un artículo de Infobae, por su parte, que en el marco del decreto se legisla sobre una heterogénea e inconexa variedad de temas, razón por la cual se dificulta su discusión legislativa. Pero preocupa especialmente a la mayoría de los legisladores que se oponen a la aprobación del mismo, la inconstitucionalidad del tratamiento de asuntos de índole penal y tributaria, que no lo consideran de urgencia, y que no fue refrendado por el Gabinete de Ministros.

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